El Gobierno advierte de la falta de alternativas tras la paralización judicial del centro de acogida en Ceuta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, han expresado este jueves su preocupación tras la decisión de la Audiencia Nacional de suspender cautelarmente la instalación de un campamento para inmigrantes en el Puerto de Ceuta. La medida judicial responde a una solicitud de medidas cautelarísimas presentada por el sindicato policial SUP, lo que ha frenado el traslado de personas que se encuentran actualmente en espacios públicos de la ciudad autónoma.

Óscar Puente ha manifestado su «sorpresa» ante la notificación judicial, recibida apenas 24 horas antes de que se procediera al traslado de los inmigrantes a las dos parcelas habilitadas en el recinto portuario. Según explicó el titular de Transportes, su departamento había otorgado un permiso de uso al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el fin de centralizar la filiación de los ciudadanos que permanecen en la playa del Trampolín o deambulando por las calles ceutíes.

El ministro ha incidido en la dificultad de encontrar ubicaciones viables en el territorio de Ceuta tras haberse descartado previamente el uso de polideportivos. En este sentido, Puente ha instado a la prudencia a la espera de que la justicia se pronuncie de forma definitiva en el plazo legal de dos días, aunque ha reconocido que, de confirmarse la suspensión, el Ejecutivo tendría serias dificultades para encontrar un plan alternativo. Asimismo, calificó de «profunda deslealtad» el cambio de postura del Gobierno de la Ciudad Autónoma, presidido por Juan Jesús Vivas, respecto a la idoneidad de los terrenos portuarios.

Por su parte, el ministro Óscar López ha reclamado a la Audiencia Nacional una resolución «rápida y urgente» para permitir que se recupere la normalidad en la zona. López defendió que el puerto es un lugar adecuado sobre el que ya se han realizado inversiones económicas para su habilitación. El ministro subrayó que la prioridad absoluta es proceder a la identificación de los inmigrantes en espacios públicos debidamente acondicionados, recordando que la elección del puerto fue fruto de un proceso de búsqueda complejo dado el limitado espacio disponible en la ciudad.

El escenario actual queda supeditado a la decisión administrativa y judicial que determine si las parcelas portuarias pueden ser finalmente utilizadas como centros de acogida temporal o si el Gobierno deberá reevaluar la gestión migratoria en Ceuta ante la ausencia de infraestructuras alternativas que cuenten con el consenso institucional y el aval judicial.