Estados Unidos e Israel formalizan el acuerdo para la sede permanente de la embajada en Jerusalén
Los gobiernos de Estados Unidos e Israel han suscrito este miércoles el contrato de arrendamiento de los terrenos destinados a la construcción de la nueva embajada permanente de la nación norteamericana en Jerusalén. La firma del convenio, realizada por el embajador estadounidense Mike Huckabee y el ministro de Exteriores israelí Gideon Saar, representa la consolidación administrativa del reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, decisión adoptada originalmente por la administración de Donald Trump a finales de 2017.
El acuerdo de asignación del terreno ha sido descrito por la delegación diplomática de Estados Unidos como un hito dentro del proceso histórico iniciado con el traslado de su misión desde Tel Aviv. Durante el acto oficial en la sede del Ministerio de Exteriores, el embajador Huckabee señaló que esta medida busca profundizar la presencia estadounidense en la ciudad. Por su parte, el ministro Saar calificó la decisión de 2017 como un acto de «justicia histórica» y afirmó que el nuevo acuerdo asegura la estabilidad de la legación para las próximas generaciones.
En el plano institucional, la parte israelí ha destacado que este paso administrativo trasciende la mera cesión de terrenos, interpretándolo como una ratificación del estado actual de las relaciones bilaterales. El reconocimiento de Jerusalén como capital y el posterior traslado de la embajada han sido ejes centrales de la política exterior de la administración Trump hacia Oriente Medio, una línea de acción que el actual equipo diplomático busca formalizar definitivamente con infraestructuras permanentes.
No obstante, la firma del contrato ha generado reacciones críticas desde organizaciones civiles. El Centro por los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah, ha denunciado la ilegalidad del acuerdo, argumentando que el complejo diplomático se proyecta sobre terrenos confiscados a ciudadanos palestinos en virtud de la Ley de Propiedades de Ausentes de 1950. La organización sostiene que la medida contraviene el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el estatuto jurídico especial de Jerusalén.
La disputa legal sobre los suelos elegidos para la embajada incluye un recurso presentado en enero de 2023 por descendientes de los propietarios originales, entre los que se encuentran ciudadanos con nacionalidad estadounidense y jordana. Aunque las autoridades urbanísticas israelíes desestimaron las impugnaciones y confirmaron el emplazamiento en abril de 2024, Adalah insiste en que el acuerdo de este miércoles respalda mecanismos de despojo y supone un aval a la anexión de Jerusalén Este, territorio no reconocido internacionalmente como parte soberana de Israel por la mayoría de la comunidad global.
