La justicia colombiana atraviesa una de las mayores crisis de credibilidad de su historia. No porque carezca de jueces preparados o de una sólida tradición jurídica, sino porque para millones de ciudadanos el acceso a la justicia se ha convertido en un camino interminable. Los procesos duran años, las víctimas esperan respuestas que nunca llegan y la sensación de impunidad termina debilitando la confianza en las instituciones.
No existe Estado de derecho sólido cuando la justicia llega tarde. Y una justicia tardía, en la práctica, deja de ser justicia.
Durante décadas se han aprobado reformas parciales que solo han servido para aumentar la complejidad del sistema. Se modifican procedimientos, se crean nuevas normas y se expiden más leyes, pero el ciudadano continúa enfrentando los mismos problemas: congestión judicial, lentitud, exceso de trámites e impunidad.
Colombia necesita una reforma integral de la administración de justicia. Una transformación profunda que modernice el sistema, fortalezca a las instituciones y vuelva a poner al ciudadano en el centro de las decisiones. No se trata simplemente de cambiar leyes, sino de construir una justicia más rápida, más eficiente, más cercana y más confiable.
Considero que esa transformación requiere liderazgo, conocimiento del Estado y determinación política. Por eso creo que Abelardo de la Espriella reúne las condiciones para liderar una reforma de esta magnitud. Su experiencia jurídica, su defensa permanente del Estado de derecho y su compromiso con la seguridad le permiten entender que la justicia no puede seguir siendo un obstáculo para los ciudadanos, sino una garantía efectiva de sus derechos.
La reforma debe incorporar herramientas que hoy ya están revolucionando los sistemas judiciales más avanzados del mundo. La inteligencia artificial puede convertirse en un aliado para agilizar procesos, organizar expedientes, reducir tiempos de respuesta y optimizar la gestión de los despachos judiciales, siempre bajo supervisión humana y respetando plenamente las garantías constitucionales y el debido proceso. La tecnología no reemplaza al juez; le permite ser más eficiente.
Pero la modernización tecnológica debe ir acompañada de decisiones firmes frente al crimen. Colombia no puede seguir enviando mensajes de debilidad frente a quienes cometen los delitos más atroces. Quienes violan o asesinan a un menor de edad destruyen no solo una vida, sino la confianza de toda una sociedad. Por ello, el país debe debatir con seriedad la adopción de las sanciones más severas que permita el marco constitucional y convencional aplicable, incluyendo la cadena perpetua para estos criminales cuando el ordenamiento jurídico así lo autorice.
Igualmente, resulta indispensable fortalecer la protección jurídica de los integrantes de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Los hombres y mujeres que arriesgan diariamente su vida para defender a los colombianos necesitan reglas claras, seguridad jurídica y el respaldo del Estado cuando actúan dentro del marco de la Constitución y la ley. Defender a quienes nos defienden también es fortalecer el Estado de derecho.
La política criminal también exige una infraestructura penitenciaria moderna. El hacinamiento carcelario y el control que muchas organizaciones criminales ejercen desde las cárceles evidencian que el modelo actual ha fracasado. Colombia necesita centros de reclusión de máxima seguridad, con tecnología de última generación, que impidan la continuidad de las actividades delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios y garanticen el cumplimiento efectivo de las penas.
Sin embargo, la solución no consiste únicamente en construir más cárceles. También es indispensable una profunda reestructuración del INPEC. El modelo actual ha demostrado importantes limitaciones administrativas y operativas, por lo que resulta conveniente trasladar la política penitenciaria y carcelaria a un viceministerio especializado dentro del Ministerio de Justicia, que concentre la dirección estratégica del sistema, la administración penitenciaria y la lucha contra las estructuras criminales que hoy continúan operando desde los establecimientos de reclusión. La política penitenciaria debe dejar de ser un asunto meramente administrativo para convertirse en un eje central de la política de seguridad y justicia del Estado.
La resocialización también debe recuperar su verdadero significado. Quien ha sido condenado debe trabajar durante el cumplimiento de su pena, no como una medida de castigo adicional, sino como un mecanismo de responsabilidad, reparación y preparación para el regreso a la vida en libertad. Los recursos obtenidos por ese trabajo podrían distribuirse de manera equilibrada: un 25 % para contribuir al sostenimiento del propio interno, otro 25 % para apoyar a su núcleo familiar, un 20 % como capital semilla que facilite su reinserción económica al recuperar la libertad y el porcentaje restante destinado a la reparación de las víctimas. De esta manera, la pena cumpliría simultáneamente una función resocializadora, reparadora y de responsabilidad individual.
Por supuesto, Colombia necesitará ampliar su capacidad penitenciaria. Sin embargo, antes de anunciar nuevos proyectos, el país merece una respuesta clara: el Estado adquirió el compromiso de construir entre 9.500 y 10.000 nuevos cupos carcelarios. ¿Dónde están esos recursos? ¿Qué ocurrió con esas inversiones? Antes de prometer nuevas obras, resulta indispensable establecer qué pasó con los recursos públicos destinados a fortalecer la infraestructura penitenciaria y exigir las responsabilidades a que haya lugar.
Al mismo tiempo, debemos reducir los niveles de impunidad que hoy afectan gravemente la confianza ciudadana. La justicia debe ser más rápida para condenar al culpable, pero también para absolver al inocente. La eficiencia judicial protege los derechos de todos y fortalece la legitimidad institucional.
Ninguna reforma será suficiente si los colombianos no mantenemos un compromiso permanente con el respeto por la ley y la Constitución. El fortalecimiento de la justicia no depende únicamente de jueces, fiscales o gobernantes; también exige ciudadanos convencidos de que el cumplimiento de las normas constituye el fundamento de una democracia sólida.
Una justicia cercana a la gente no es un privilegio ni una promesa de campaña. Es una obligación del Estado y una condición indispensable para garantizar la libertad, la seguridad y el desarrollo del país. Colombia ya no necesita reformas cosméticas. Necesita una transformación profunda de la justicia que devuelva la confianza de los ciudadanos y haga realidad el principio más elemental de cualquier democracia: que la justicia llegue a tiempo, proteja a los inocentes y sancione con firmeza a quienes violan la ley.
Fuente:
