El Partido Popular suprimirá el impuesto a la banca si llega al Gobierno tras el 29 de noviembre
El Partido Popular (PP) ha confirmado su intención de eliminar el impuesto extraordinario a las entidades bancarias si logra la victoria en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Según fuentes internas de la formación, la medida se fundamenta en la alineación del partido con las tesis del Banco Central Europeo (BCE), que advierte de que este tipo de gravámenes terminan repercutiendo directamente en los clientes a través de comisiones y condiciones crediticias menos favorables.
La postura de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se apoya en los informes emitidos por el supervisor europeo desde 2022. En dichos documentos, firmados por la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se señala que el tributo puede derivar en una restricción del crédito, un encarecimiento de los tipos de interés y una menor remuneración de los depósitos y cuentas de ahorro. Asimismo, el organismo internacional ha manifestado su preocupación por cómo este impuesto podría comprometer la solvencia de las entidades en escenarios de crisis económica.
Dentro de su programa de liberalización y dinamización de la actividad económica, el PP considera que este gravamen constituye una de las principales barreras para el flujo del crédito en España. Aunque el sector bancario ha planteado la posibilidad de sustituir el impuesto por un fondo de ayuda para hipotecados vulnerables —propuesta que el PP califica de «interesante»—, la directriz actual de la organización es la supresión total de la figura tributaria para fomentar la competitividad financiera.
Desde su entrada en vigor en 2023, el tributo ha aportado a las arcas públicas más de 4.000 millones de euros, con una recaudación anual media de 1.400 millones. La carga fiscal recae principalmente en las grandes entidades del país, con Caixabank a la cabeza por su cuota de mercado, seguida de BBVA, Santander, Sabadell, Unicaja y Cajamar. Por el contrario, bancos como ING, Bankinter o Banca March han quedado exentos debido a que la normativa permite deducir una parte del Impuesto de Sociedades que neutraliza el pago de este gravamen específico.
El impuesto fue concebido originalmente en 2022 bajo la denominación de «prestación patrimonial pública no tributaria» con carácter temporal, justificado por la crisis inflacionaria derivada del conflicto en Ucrania. No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez transformó esta figura en un impuesto permanente a partir de 2024. La normativa vigente establece un sistema progresivo con tipos impositivos que oscilan entre el 1% y el 7% en función del margen de intereses y comisiones de las entidades, eliminando además la prohibición expresa de trasladar el coste al usuario final.
La vigencia del tributo se encuentra actualmente bajo escrutinio judicial. Las principales asociaciones del sector, AEB y CECA, así como diversas entidades a título individual, han interpuesto recursos ante la Audiencia Nacional. Los argumentos jurídicos sostienen que el impuesto incurre en una doble imposición, ya que los bancos ya tributan a un tipo del 30% en Sociedades, y critican que el gravamen no atienda a la capacidad económica real, obligando al pago incluso en situaciones de pérdidas financieras. Por el momento, la justicia ha rechazado las medidas cautelares, por lo que las entidades deben continuar abonando las cuotas correspondientes hasta que se dicten sentencias firmes.
