El Frente Cívico exige transparencia sobre el bloqueo de 563 prórrogas legislativas ante la Diputación Permanente

El Frente Cívico por la Calidad Democrática, plataforma que representa a más de un millón y medio de personas afectadas por la paralización de diversas iniciativas en el Congreso de los Diputados, ha iniciado una ronda de contactos con las formaciones políticas concurrentes a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El objetivo de esta movilización es solicitar a los partidos un compromiso formal para evitar el uso de mecanismos reglamentarios que, a juicio del colectivo, suponen un bloqueo sistemático de la actividad parlamentaria.

De forma paralela, la organización ha remitido un escrito a la Diputación Permanente de la Cámara Baja para solicitar acceso formal a los expedientes de tramitación de siete leyes clave. Estos documentos recogen las 563 ampliaciones de plazo de enmiendas que han mantenido suspendidas estas iniciativas durante los últimos tres años. Según el colectivo, esta estrategia de dilatación de plazos ha sido impulsada por la Mesa del Congreso, bajo la presidencia de Francina Armengol, ante la falta de mayorías garantizadas para su aprobación definitiva.

A pesar de la disolución de las Cortes, el Frente Cívico mantiene su actividad para denunciar los perjuicios derivados de la inestabilidad parlamentaria. En sus reuniones con los grupos políticos —a excepción del PSOE, al que señalan junto a Sumar como responsables de esta práctica—, la plataforma expondrá el impacto social y económico de las materias afectadas. El colectivo reclama que las reivindicaciones ciudadanas encuentren cauce en el debate y votación plenaria, instando a que la próxima legislatura no se repita el uso de la fase de enmiendas como herramienta de obstrucción.

Iniciativas afectadas y volumen de prórrogas

El escrito enviado a la Diputación Permanente detalla la situación de siete proposiciones de ley de especial relevancia social. Entre ellas destaca la reducción del IVA para el sector de la imagen personal, paralizada desde finales de 2023 con 102 ampliaciones de plazo. También se encuentran afectadas la ley contra la ocupación ilegal (96 prórrogas), la Ley de Montes (95), la reforma de la Ley de Costas (91) y la proposición para conceder beneficios fiscales a las víctimas de la talidomida, que acumula 84 suspensiones de plazo desde principios de 2024.

Completan la lista las medidas integrales contra la ocupación y la protección de núcleos urbanos tradicionales, que suman 53 y 42 prórrogas respectivamente. Los afectados han solicitado conocer los informes técnicos y las motivaciones institucionales que sustentaron cada una de estas decisiones de ampliación, apelando al derecho de la ciudadanía a recibir respuestas parlamentarias a sus propuestas tramitadas por cauces democráticos.

Precedentes jurídicos y calidad democrática

La constitución de este Frente Cívico se produjo tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que estimó el recurso de amparo presentado por el Grupo Popular ante el bloqueo de iniciativas en la Mesa del Congreso. En dicha resolución, el tribunal señaló el uso de mecanismos dilatorios para evitar la tramitación de leyes, lo que para el colectivo denunciante supone un problema de calidad democrática al impedir que los representantes soberanos debatan las propuestas ciudadanas.

Desde la organización subrayan que el final de la legislatura no detiene su reclamación institucional. Insisten en que detrás de los números y los plazos administrativos existen familias, trabajadores y propietarios que aguardan una resolución legislativa. El Frente Cívico ha anunciado que mantendrá esta exigencia de transparencia ante los nuevos grupos parlamentarios que se constituyan tras el proceso electoral del 29 de noviembre.