La Fundación Rafael del Pino ha presentado este martes el «Informe del Estado de derecho 2026», un documento que advierte sobre un deterioro progresivo de los estándares democráticos en España. Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y directora del informe, ha señalado la existencia de múltiples «anomalías» institucionales y ha denunciado que, a pesar de que la inversión en el sistema judicial supera la media de la Unión Europea, el gasto se ejecuta de manera ineficiente.
El estudio, que analiza el periodo comprendido entre 2024 y la primera parte de 2026, destaca que España atraviesa una situación crítica en cuanto a la salud de su Estado de derecho. Según De la Nuez, los indicadores cuantitativos y cualitativos reflejan un retroceso agudo en la seguridad jurídica y en la independencia de los contrapesos institucionales. El informe identifica una tendencia de alejamiento de los cauces normativos ordinarios que afecta a la arquitectura del Estado.
Entre las irregularidades señaladas, la directora del documento calificó como una «anomalía constitucional sin precedentes» el hecho de que la legislatura avance sin la presentación de cuentas públicas. Asimismo, el informe critica el uso sistemático del decreto ley y de los denominados «decretos ómnibus» como herramientas ordinarias de gobierno. Esta práctica, según el análisis, permite al Ejecutivo eludir el control de los órganos consultivos y genera inseguridad jurídica al aplicar normativas que, en ocasiones, decaen poco después en sede parlamentaria.
En el ámbito judicial, el informe pone el foco en la politización de los órganos de garantía. De la Nuez advirtió que la división por bloques en el Tribunal Constitucional mina la credibilidad de la institución, al volverse previsibles sus resoluciones en función de la afinidad ideológica de sus miembros. Además, denunció el incremento de los nombramientos discrecionales en la carrera fiscal y judicial, señalando que el ascenso a la cúpula parece estar condicionado a la pertenencia a determinadas asociaciones profesionales en lugar de basarse estrictamente en criterios de mérito y capacidad.
La desconfianza ciudadana es otra de las variables que han experimentado una caída pronunciada en los últimos treinta años. El documento recoge que el 92 % de los españoles percibe la corrupción como un problema extendido, aunque matiza que esta percepción se centra fundamentalmente en los ámbitos político e institucional. El informe subraya la dificultad de medir con precisión estos delitos debido a la disparidad de criterios técnicos y a la falta de datos unificados en el sistema estadístico nacional.
El acto de presentación contó con la intervención de María del Pino, presidenta de la Fundación Rafael del Pino; Segismundo Álvarez, presidente de la asociación Hay Derecho; y Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España. El evento concluyó con una mesa de debate en la que expertos en economía y judicatura analizaron el impacto de esta erosión institucional en la estabilidad democrática y económica del país.
