El Gobierno evita censurar la propuesta del alcalde de Lérida sobre el velo integral y reclama un debate sin «demagogia»
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha evitado este miércoles condenar la propuesta del alcalde de Lérida, el socialista Félix Larrosa, de prohibir el uso del velo integral en las dependencias municipales. En los pasillos del Congreso de los Diputados, la portavoz del Ejecutivo ha defendido la necesidad de abordar esta cuestión desde un análisis «sosegado» y basado en la «pedagogía», instando a los actores políticos a alejarse de posiciones demagógicas.
Durante su intervención ante los medios, Saiz ha subrayado que el Gobierno mantiene un respeto absoluto por la libertad religiosa, pero ha matizado que decisiones de esta índole deben consensuarse con los colectivos directamente implicados y las personas que trabajan en el ámbito de la diversidad. Al ser preguntada explícitamente sobre si el regidor leridano ha incurrido en un error, la ministra ha rehusado dar una respuesta afirmativa o negativa, limitándose a poner en valor el aporte de la población extranjera a la riqueza del país.
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien ha manifestado su «respeto» por la autonomía municipal en la toma de decisiones. Hereu ha recordado que la postura histórica del PSOE se basa en la «integración a partir de la diversidad», evitando entrar en confrontación directa con la iniciativa planteada por su compañero de filas en el ayuntamiento catalán.
No obstante, la contención mostrada ante la propuesta de Lérida ha contrastado con las críticas vertidas por ambos ministros hacia el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Saiz ha calificado de «avergonzante» y «bochornosa» la denominada «prioridad nacional» en el acceso a servicios públicos, una medida que, a su juicio, busca segregar barrios y limitar el acceso a la sanidad universal de las personas migrantes.
La titular de Inclusión ha ido más allá al acusar al Partido Popular de situarse en una deriva «anticonstitucional», alegando que estas propuestas vulneran los artículos 13 y 14 de la Constitución Española, relativos a las libertades públicas y la igualdad ante la ley. «Estaremos vigilantes ante ese pacto de la vergüenza», ha advertido la ministra, quien ha defendido que los derechos de ciudadanía no pueden verse mermados por el origen nacional.
Finalmente, Jordi Hereu ha reforzado esta postura argumentando que existen razones «morales, políticas y económicas» para defender la regularización y la concesión de derechos a los más de siete millones de extranjeros que residen en España. Según el ministro de Industria, esta población constituye una «fuerza de crecimiento» indispensable para el mercado laboral y la prosperidad general del Estado, frente a lo que considera una postura «obstructiva» por parte de la oposición.
