Marlaska defiende la supervisión policial en la regularización de inmigrantes y niega una gestión «a espaldas» de las fuerzas de seguridad
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la integridad del proceso de regularización de inmigrantes. El titular de Interior ha rechazado las acusaciones de la oposición sobre un supuesto desplazamiento de la Policía Nacional en este trámite, asegurando que el cuerpo mantiene su función esencial de supervisión para garantizar que ninguna persona con antecedentes penales o que suponga un riesgo para la seguridad pública obtenga la residencia.
La intervención del ministro responde a las críticas de la diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez, quien ha denunciado lo que califica como una «regularización en masa» ejecutada, a su juicio, de forma paralela a las competencias exclusivas de la Policía Nacional. Vázquez ha cuestionado la habilitación de entidades como Correos o la empresa pública Tragsa para la gestión de documentación, sosteniendo que esta decisión debilita el control migratorio y administrativo bajo la premisa de «papeles para todos y policías para nada».
Ante estas afirmaciones, Grande-Marlaska ha aclarado que la política migratoria y los procesos de regularización constituyen una intervención transversal en la que participan diversos departamentos ministeriales. No obstante, ha enfatizado que no se otorgará documentación a ningún solicitante que cuente con informes policiales desfavorables, basándose estrictamente en los criterios de orden público y seguridad ciudadana establecidos por las fuerzas de seguridad.
Durante el debate, el ministro ha instado a la bancada popular a evitar la difusión de mensajes que vinculen de manera directa la inmigración con el aumento de la criminalidad. Según los datos aportados por el titular de Interior, mientras que la población inmigrante en España ha crecido un 10% en los últimos años, la tasa de criminalidad ha experimentado un descenso del 10% en la última década, reforzando su tesis de que España promueve un modelo de migración «regular, ordenada y segura».
La discusión parlamentaria también ha derivado en reproches de carácter político. La diputada Vázquez ha criticado la orden enviada a centros penitenciarios para la regularización de internos, cuestionando la coherencia de la medida. Por su parte, Grande-Marlaska ha replicado aludiendo al uso de la Policía en etapas anteriores del Ejecutivo del Partido Popular, mencionando el ‘caso Kitchen’ como ejemplo de instrumentalización de las instituciones para fines partidistas.
Finalmente, el Ejecutivo ha reafirmado su compromiso con un sistema de gestión migratoria que, según sostiene, cumple con los estándares institucionales y los protocolos de seguridad necesarios, descartando que la participación de empresas públicas en tareas administrativas suponga una merma en la capacidad operativa o inspectora de la Policía Nacional en materia de extranjería.
