Controversia en el Congreso por la supuesta convocatoria de la embajadora de Marruecos el 21 de agosto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado una sesión de control en el Congreso de los Diputados al afirmar que el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, el pasado 21 de agosto. Según el jefe del Ejecutivo, esta medida se tomó como respuesta formal ante las recientes reivindicaciones de soberanía sobre Ceuta y Melilla expresadas por altos cargos del Gobierno marroquí. Sin embargo, fuentes diplomáticas contradicen esta versión, señalando que la representante no se encontraba en territorio español en la fecha mencionada.
Durante su comparecencia parlamentaria, Sánchez explicó que el Ejecutivo rechazó de manera tajante las declaraciones de los ministros marroquíes de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y de Asuntos Islámicos, Ahmed Tufiq. Ouahbi calificó a las ciudades autónomas como un derecho histórico irrenunciable, mientras que Tufiq se refirió a la situación como una ocupación. Ante estas palabras, el presidente aseguró ante la Cámara que se procedió a llamar a capítulo a la embajadora para trasladar el malestar de España.
Inconsistencias en el calendario y el protocolo diplomático
La veracidad de la convocatoria ha sido puesta en cuestión debido a un desfase cronológico en los hechos. Una de las declaraciones que motivaron la supuesta queja, la del ministro Ahmed Tufiq, se produjo el 25 de agosto durante un acto oficial ante el monarca Mohamed VI, cuatro días después de la fecha en la que Sánchez sostiene que se produjo la reunión con Benyaich. Además, informaciones del sector diplomático indican que no existe registro de una nota de protestas ni de la presencia física de la embajadora en la sede ministerial en esa jornada.
En el ámbito de las relaciones internacionales, la convocatoria de un embajador representa uno de los niveles más altos de protesta formal. Fuentes conocedoras del protocolo exterior subrayan que este tipo de acciones suelen comunicarse de forma inmediata y pública, como ocurrió recientemente con los representantes de Italia o Israel. En el caso de Marruecos, el departamento que dirige José Manuel Albares emitió un comunicado el 21 de agosto reafirmando la españolidad de Ceuta y Melilla, pero sin mencionar explícitamente un encuentro presencial con la embajadora.
El comunicado oficial emitido en aquella fecha rezaba que la posición de España sobre su integridad territorial se había trasladado claramente hoy por los canales diplomáticos. No obstante, no se especificó si dicho traslado se realizó mediante una nota verbal, una comunicación telefónica con el encargado de negocios o una reunión física, lo que ha alimentado las críticas de la oposición sobre la transparencia en la gestión de la crisis con el país vecino.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ni la Embajada de Marruecos han emitido aclaraciones adicionales para resolver la discrepancia entre las declaraciones del presidente del Gobierno en sede parlamentaria y la información recabada en círculos diplomáticos. La situación mantiene el foco sobre la política exterior española y la firmeza de la respuesta ante las reclamaciones territoriales de Rabat.
