El Gobierno aprueba el Real Decreto para la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto que establece el marco legal para la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de personas extranjeras que residen en España. La normativa, presentada como uno de los pilares de la actual legislatura en materia migratoria, entrará en vigor el próximo mes de abril y estará condicionada al cumplimiento de requisitos estrictos de seguridad y orden público.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, compareció en la rueda de prensa posterior al Consejo para detallar el alcance de la medida. Saiz subrayó que el proceso exige de forma imperativa la carencia de antecedentes penales y la garantía de no suponer una amenaza para la seguridad ciudadana. La portavoz gubernamental definió la iniciativa como un acto de «coherencia ética y justicia social» destinado a incorporar plenamente a la vida administrativa a personas que ya conviven en el tejido social del país.

El calendario de aplicación para los interesados se activará el próximo 16 de abril, fecha en la que se habilitará la plataforma telemática para la presentación de solicitudes. Ese mismo día se abrirá el sistema de cita previa para quienes opten por la vía presencial, aunque la formalización física de los expedientes en las oficinas correspondientes no comenzará hasta el día 20 de abril.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, esta regularización se fundamenta en una «triple legitimidad». En el ámbito social, la norma emana de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que recabó 700.000 firmas y el apoyo de más de 900 asociaciones. En el plano político, el proyecto obtuvo una amplia mayoría parlamentaria con el respaldo de 310 diputados en el Congreso. Finalmente, en el orden económico, la medida cuenta con el consenso de agentes sociales y sectores productivos como la agricultura, la construcción y el transporte.

La ministra Saiz hizo hincapié en que este proceso permitirá a miles de familias acceder a garantías de derechos plenos, al tiempo que regulariza sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Según las estimaciones oficiales, la integración de estos trabajadores contribuirá a la sostenibilidad del sistema público y responderá a las demandas de mano de obra expresadas reiteradamente por las patronales de los sectores más afectados por el déficit de personal.