El exdiestro Enrique Ponce estudia solicitar formalmente ante la justicia una modificación de las medidas de su convenio de divorcio con Paloma Cuevas. El objetivo de esta acción legal sería reducir la cuantía de la pensión alimenticia destinada a sus dos hijas, al considerar que las cifras acordadas tras su separación no se corresponden con su capacidad económica actual, marcada por su reciente retirada de los ruedos y una compleja reestructuración de su patrimonio empresarial.
La controversia, de naturaleza estrictamente económica, ha trascendido tras revelarse un deterioro en la comunicación entre la expareja, cuya relación se describe actualmente como inexistente. Según las informaciones difundidas en el ámbito de la crónica social, la pensión actual se situaría en una horquilla de cinco dígitos mensuales, una cifra que Ponce pretendería ajustar significativamente para equilibrar sus finanzas personales tras el cese de su actividad profesional taurina en febrero de 2025.
El contexto financiero del extorero ha experimentado cambios sustanciales desde el anuncio de su separación en el año 2020. Tras más de tres décadas como figura principal de la tauromaquia, Ponce ha pasado de una etapa de alta generación de ingresos a una fase de gestión de activos y liquidación de patrimonio. En los últimos ejercicios, el exmatador ha procedido a la venta de diversas propiedades, incluyendo parcelas de su finca La Cetrina por importes cercanos a los 900.000 euros y otras naves industriales, con el fin de obtener liquidez ante el descenso de su flujo de caja ordinario.
A la situación patrimonial se suman las dificultades operativas de sus sociedades mercantiles. Firmas como C P M Building y Cetrina S.L. han mantenido procedimientos abiertos con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que ha limitado la libre disposición de determinados bienes inmuebles en Madrid y Jaén. Los últimos balances depositados en el Registro Mercantil reflejan desequilibrios patrimoniales y pérdidas que, según fuentes cercanas al diestro, tendrían su origen en decisiones de gestión tomadas por terceros en años anteriores.
Por su parte, Paloma Cuevas se declaró solvente desde el inicio del proceso de divorcio para asumir sus propios gastos personales, por lo que la pensión en disputa recae exclusivamente sobre la manutención de las hijas en común. Ante la falta de entendimiento directo entre las partes, la vía judicial se presenta como el desenlace más probable para dirimir si procede una rebaja en las prestaciones en función de la realidad económica actual del progenitor.
Pese al conflicto por las condiciones del convenio, el entorno de Enrique Ponce insiste en que la relación con sus dos hijas se mantiene estrecha y afectuosa. El movimiento legal se interpreta estrictamente como un ajuste administrativo a su nueva etapa vital tras el retiro, sin que ello suponga una dejación de sus responsabilidades parentales. Ambas menores han permanecido alejadas de la exposición pública, una postura reforzada recientemente por la hija mayor al alcanzar la mayoría de edad y solicitar expresamente el respeto a su privacidad.
