ERC y EH Bildu reeditan su coalición al Senado para las elecciones del 29 de noviembre
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu han formalizado este sábado su decisión de concurrir nuevamente en coalición a las elecciones al Senado, programadas para el próximo 29 de noviembre. Ambas formaciones políticas han ratificado esta alianza estratégica con el objetivo de consolidar un frente común en la Cámara Alta que represente las aspiraciones soberanistas de Cataluña y el País Vasco.
A través de un comunicado conjunto, las dos fuerzas políticas han definido esta unión como una herramienta necesaria para la defensa de los derechos nacionales de sus respectivos territorios. Según exponen, la coalición busca articular una respuesta sólida frente a lo que denominan el «bloque reaccionario», apelando a la suma de fuerzas entre las izquierdas soberanistas para influir en la gobernabilidad y en la agenda legislativa del Estado.
Las formaciones han subrayado que la coyuntura política actual exige «altura de miras y responsabilidad» para construir una alternativa que priorice las necesidades de la ciudadanía por encima de intereses partidistas. En este sentido, el texto remitido por ERC y EH Bildu señala que el próximo 29-N representa una oportunidad para conformar una mayoría que garantice condiciones de vida dignas y el derecho de ambos pueblos a decidir su futuro político.
Entre los ejes programáticos destacados para la próxima legislatura, la coalición ha situado la gestión de la crisis de vivienda como una prioridad absoluta. Ambos partidos han calificado la situación actual de «emergencia habitacional» y se han comprometido a impulsar desde el Senado medidas que aseguren el derecho a la vivienda y protejan a los ciudadanos que sufren las consecuencias de la precariedad en este ámbito.
Finalmente, la alianza reafirma su voluntad de trabajar de manera coordinada en la ampliación de los derechos civiles y sociales. Con esta reedición del pacto, ERC y EH Bildu aspiran a mantener su capacidad de interlocución en las instituciones estatales, vinculando la soberanía de sus naciones con el progreso social y la defensa de los servicios públicos frente a posibles retrocesos democráticos.
