ERC califica de «escándalo» la gestión en Ceuta y exige responsabilidades tras las advertencias del CNI
El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) ha calificado este jueves como un «escándalo» la ausencia de dimisiones o ceses en la Delegación del Gobierno en Ceuta. El diputado Francesc-Marc Álvaro ha criticado con dureza la gestión del delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, tras trascender que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) alertó sobre un intento de entrada masiva un día antes de que se produjera el acceso de miles de personas a la ciudad autónoma.
Durante el debate de una proposición no de ley presentada por el Partido Popular —en la que se insta al Ejecutivo a articular una «respuesta de Estado» ante la crisis de seguridad nacional en las ciudades autónomas—, Álvaro ha cuestionado la permanencia de los responsables actuales en sus cargos. El parlamentario ha subrayado la falta de explicaciones oficiales sobre la comunicación mantenida entre los servicios de inteligencia y la jefatura de gabinete de la Delegación del Gobierno.
En su intervención en el Congreso de los Diputados, el representante de ERC ha comparado los estándares de responsabilidad política españoles con los de otros países de la Unión Europea. Según Álvaro, en naciones como Francia, Alemania o el Reino Unido, un suceso de estas características habría derivado en dimisiones inmediatas. Asimismo, ha sugerido que la continuidad de Pérez Triano podría estar vinculada a su posición orgánica como representante del PSOE en la ciudad de Ceuta.
La formación ha dirigido un aviso directo a la bancada del Gobierno, calificando de «arrogante» la actitud mantenida por el gabinete de la Delegación tras conocerse los avisos previos del CNI. Álvaro ha advertido de que la gravedad de esta crisis se sitúa en un nivel superior a otros incidentes precedentes, señalando que el devenir institucional del Ejecutivo podría verse seriamente afectado si no se asumen responsabilidades por la falta de previsión ante el asalto por valla y mar.
La iniciativa debatida, impulsada por el Grupo Popular, busca garantizar el futuro de Ceuta y Melilla mediante un refuerzo de la seguridad y una estrategia coordinada de Estado. El debate ha estado marcado por la reciente publicación de informaciones que apuntan a que el Gobierno disponía de datos sobre el llamamiento masivo con veinticuatro horas de antelación a los hechos que derivaron en la entrada de 70.000 personas en territorio nacional.
