España propone a la Unión Europea un gravamen a los beneficios de petroleras para financiar la adaptación climática
El Gobierno de España ha remitido formalmente una propuesta a la Comisión Europea para crear un impuesto sobre los beneficios de las compañías petroleras y gasísticas destinado a financiar medidas de adaptación frente al cambio climático. La iniciativa busca generar recursos adicionales para mitigar los efectos de fenómenos extremos, como las sequías e incendios forestales, que han impactado con severidad en el continente en los últimos años.
El documento, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha sido enviado al comisario europeo de Acción por el Clima, Wopke Hoekstra. El planteamiento español se centra en el fortalecimiento de la respuesta comunitaria ante los riesgos climáticos mediante la creación de un Fondo Europeo para la Adaptación, el cual contaría con una dotación de nuevos recursos financieros derivados del sector de los hidrocarburos.
Además del gravamen europeo para la resiliencia climática sobre las ganancias del sector del petróleo y el gas, el Miteco sugiere la exploración de otras vías de financiación, incluyendo el uso de instrumentos de deuda europeos. Esta estrategia pretende asegurar las condiciones financieras necesarias para acelerar la resiliencia en toda la Unión Europea y garantizar que las inversiones públicas y privadas incorporen la variable del riesgo climático.
La propuesta española defiende un enfoque integral que contempla la anticipación y evaluación de riesgos, la mejora de los sistemas de respuesta ante emergencias y la integración de la resiliencia en la planificación económica. Según el ministerio, es fundamental que Europa desarrolle un conocimiento común basado en la ciencia para orientar las políticas de adaptación en los próximos años.
Finalmente, el documento institucional subraya la importancia de promover evaluaciones periódicas de los riesgos climáticos a nivel europeo, nacional y regional. España propone que estos análisis se realicen cada cinco años, permitiendo así una actualización constante de las estrategias de protección frente a la emergencia climática basada en la evidencia científica más reciente.
