El TSJC aplica el indulto parcial a Laura Borràs y reduce su condena a dos años de prisión
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado el auto de aplicación del indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs. La resolución judicial conmuta la pena original de cuatro años y seis meses de prisión por una nueva de dos años, una medida que facilita la suspensión de la entrada en el centro penitenciario, siempre que la penada no reincida en un delito doloso durante los próximos cinco años.
La decisión del tribunal catalán se produce tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de julio, en el que el Gobierno central aprobó la conmutación parcial de la pena privativa de libertad. Esta medida de gracia se fundamenta en la propuesta realizada por el propio tribunal sentenciador en su fallo inicial, donde se sugería el indulto debido a que la pena mínima prevista por el Código Penal para los delitos cometidos resultaba, a juicio de los magistrados, desproporcionada.
Laura Borràs fue condenada por los delitos de prevaricación y falsedad documental en relación con el fraccionamiento de contratos durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Aunque el Tribunal Supremo confirmó la sentencia, el indulto ahora aplicado afecta exclusivamente a la duración de la estancia en prisión, dejando vigentes el resto de las responsabilidades penales derivadas del caso.
En este sentido, la resolución del TSJC mantiene la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de cuatro años y un día, así como el pago de la multa impuesta en la sentencia original. Con la reducción de la pena de cárcel a dos años, la defensa de la expresidenta podrá solicitar la suspensión de la ejecución de la pena, conforme a los criterios habituales previstos en el ordenamiento jurídico para condenas que no superan dicho umbral temporal.
Este movimiento judicial cierra uno de los capítulos procesales más relevantes en el ámbito de la política catalana de los últimos años, ajustando la situación penal de la exdirigente a los parámetros de excepcionalidad establecidos por la medida gubernamental.
