La Audiencia Nacional admite al Estado como acusación en la causa por la entrada masiva en Ceuta

La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha autorizado la personación del Estado, a través de la Abogacía del Estado, como acusación particular en la causa que investiga la entrada masiva e irregular de personas en la ciudad autónoma de Ceuta ocurrida el pasado mes de julio. La decisión judicial se fundamenta en la consideración del Reino de España como parte «perjudicada» ante unos hechos que podrían constituir un ataque directo a la soberanía nacional.

En el auto dictado este jueves, la jueza argumenta que las conductas delictivas derivadas de este suceso no solo afectaron a la ciudad de Ceuta y a sus habitantes como víctimas inmediatas, sino que el alcance de la acción compromete al conjunto del Estado. Según la resolución, los hechos investigados podrían integrar una vulneración de la independencia, la integridad territorial y la estabilidad del Estado de Derecho, así como de la defensa nacional y la seguridad exterior.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 determinó la apertura de este procedimiento al apreciar indicios de una conducta delictiva presuntamente iniciada en el extranjero. La magistrada sostiene que dicha actividad tuvo como finalidad atacar gravemente la integridad del territorio español, utilizando para ello el flujo migratorio masivo como instrumento de presión e inestabilidad.

La personación de la Abogacía General del Estado se produce tras la solicitud formal del organismo para intervenir en la investigación. Con esta medida, el Ejecutivo formará parte activa del proceso penal que busca esclarecer las responsabilidades derivadas de la crisis fronteriza, en un contexto donde los asuntos penales en los juzgados de la ciudad autónoma han experimentado un incremento significativo tras los sucesos de julio.

La causa judicial continuará su curso para determinar la autoría y planificación de estos movimientos de entrada irregular, bajo la premisa jurídica de que la vulneración de las fronteras nacionales en estas circunstancias constituye un desafío a las estructuras fundamentales del Estado español.