El Partido Popular responsabiliza al Gobierno de la crisis en Ceuta tras los informes desclasificados del CNI
El Partido Popular ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de negligencia en la gestión de la crisis migratoria ocurrida en Ceuta. La formación de la oposición sostiene que el Ejecutivo central era conocedor de los riesgos de entrada masiva tras las alertas emitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pero decidió no reforzar el dispositivo de seguridad en la frontera.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha fundamentado estas críticas en la desclasificación de 40 documentos oficiales por parte del Consejo de Ministros. Según estos informes, el CNI alertó el 29 de julio —un día antes de los sucesos— sobre posibles intentos de entrada a la ciudad autónoma coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trono en Marruecos, basándose en la detección de llamamientos realizados a través de redes sociales.
Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se denuncia que, a pesar de contar con dicha información técnica, el Ministerio del Interior mantuvo un despliegue que Muñoz ha calificado de insuficiente. La portavoz ha señalado que, en la fecha señalada, el dispositivo en la valla fronteriza contaba únicamente con cinco agentes de la Guardia Civil y cuatro buceadores para contener la situación.
En el marco de esta confrontación parlamentaria, el Partido Popular ha elevado el tono institucional calificando los hechos como uno de los episodios más graves de la democracia reciente. Muñoz ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones generales, argumentando que la gestión del actual Gobierno ha vulnerado la defensa de las fronteras nacionales y la seguridad de la población ceutí.
Por su parte, la portavoz popular ha rechazado las explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, quien vinculó las dificultades operativas a la estructura de la inteligencia estatal. Para el principal partido de la oposición, la responsabilidad recae exclusivamente en la dirección política del Ejecutivo y no en los servicios de información, que cumplieron con su cometido de avisar con antelación.
Esta reacción se produce apenas un día después de que el Consejo de Ministros autorizara la publicidad de los documentos referidos a la gestión de la frontera sur, una decisión que ha reactivado el debate sobre la coordinación entre los ministerios de Interior y Presidencia y la efectividad de las medidas de contingencia migratoria ante las alertas de inteligencia.
