Extremadura impugnará la reforma de la financiación autonómica si se consolida como ley
La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha anunciado que el Ejecutivo regional no descarta emplear todas las vías de impugnación jurídica si la propuesta de reforma de la financiación autonómica, abordada este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), llega a sustanciarse en el marco legal. Manzano ha calificado el modelo como un «atentado directo» contra los principios de igualdad y justicia territorial.
Tras la reunión celebrada en Madrid, la representante extremeña ha manifestado que la comunidad actuará inicialmente en el ámbito parlamentario para tratar de frenar una propuesta que, a su juicio, beneficia exclusivamente a una comunidad autónoma en detrimento del resto del Estado. Según la consejera, la mayoría de los ciudadanos españoles y del territorio nacional se oponen a un sistema que rompe la solidaridad interterritorial.
Manzano ha denunciado que Extremadura percibirá «cero euros» de los 21.000 millones de euros puestos sobre la mesa en las negociaciones. Según los cálculos presentados por la Junta, la aplicación de este modelo supondría para la región una pérdida de ingresos de 600 millones de euros de aquí al año 2027, lo que se traduce en una reducción de 517 euros por habitante en la capacidad de financiación de servicios públicos esenciales.
En su intervención, la consejera ha vinculado la actual propuesta de financiación con los acuerdos políticos del Gobierno central con las formaciones independentistas catalanas. Manzano ha señalado que el objetivo de esta reforma es «mantener al presidente Sánchez en el poder», criticando que se utilicen recursos públicos para fines políticos en lugar de atender a las necesidades de hospitales, colegios y universidades en todo el país.
Durante el Consejo, la consejera ha trasladado al ministro de Hacienda su malestar por el simbolismo de un obsequio entregado a la delegación extremeña: la novela ‘La ciudad de los prodigios’, de Eduardo Mendoza. Manzano ha cuestionado si el relato de la obra, que narra la emigración del campo a Barcelona en busca de oportunidades, es la «premonición» que el Gobierno central desea para Extremadura ante la falta de recursos para mantener servicios de calidad.
Finalmente, la Junta de Extremadura ha instado al Ministerio a regresar a la «senda constitucional» y a garantizar que los 388 municipios de la región cuenten con la financiación suficiente para asegurar los derechos de sus ciudadanos. Manzano ha reafirmado que no permitirán una merma en la prestación de servicios públicos y que la defensa del derecho de los extremeños a desarrollar su vida en su territorio será la prioridad en cualquier escenario judicial o político.
