El juez del ‘caso Koldo’ solicita un informe a la UCO sobre la custodia del teléfono de Joseba García
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe detallado sobre el estado y la custodia de un dispositivo móvil intervenido a Joseba García, hermano del exasesor ministerial Koldo García. La decisión judicial surge tras la denuncia interpuesta por el investigado sobre una presunta irregularidad en la gestión de la tarjeta SIM del terminal.
La providencia del magistrado, dictada tras recibir el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, tiene como objetivo disipar cualquier duda sobre la preservación de las pruebas y la integridad de la cadena de custodia. Joseba García, quien se encuentra imputado en la causa por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, alertó sobre una incidencia técnica que, a su juicio, podría suponer una vulneración de las garantías procesales respecto a los efectos intervenidos durante las pesquisas.
El Ministerio Público ha respaldado la solicitud del investigado con el fin de garantizar la transparencia del procedimiento judicial. Según el escrito de Anticorrupción, resulta necesario esclarecer las circunstancias de la conservación del dispositivo para asegurar que la prueba documental obtenida del terminal mantenga su validez jurídica a lo largo de la instrucción del caso.
En la misma resolución, el juez Moreno ha denegado la solicitud de devolución de los dispositivos electrónicos incautados a Javier Herrero, ex director general de Carreteras y también investigado en la trama. Pese a la negativa de retornar los soportes físicos, el magistrado ha autorizado que se facilite a Herrero una copia completa del volcado de los datos contenidos en dichos dispositivos para que pueda ejercer su derecho de defensa.
Javier Herrero figura en las diligencias por su presunta implicación en una red de adjudicación de obra pública que, según la investigación, operaba mediante el cobro de comisiones ilegales. La instrucción del ‘caso Koldo’ continúa analizando el material intervenido en los registros para determinar el alcance de la estructura dedicada, presuntamente, a favorecer contratos públicos de manera irregular.
Estas diligencias se enmarcan en una fase crítica de la instrucción, donde la validez de los volcados de los terminales móviles resulta fundamental para sustentar las imputaciones por delitos de corrupción y organización criminal que pesan sobre los principales señalados en el procedimiento.
