Extremadura rechaza el reparto de menores y se ausenta de la Conferencia Sectorial de Infancia
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha comunicado formalmente a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la decisión de la comunidad autónoma de no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para este jueves, 27 de agosto. El Ejecutivo regional ha manifestado su rechazo institucional al acuerdo propuesto por el Gobierno de España para la distribución de menores inmigrantes no acompañados procedentes de Ceuta.
En una misiva remitida al Ministerio, Fernández Calle ha solicitado que conste en acta la oposición de Extremadura a «cualquier reparto» de estos menores hacia el territorio autonómico. La administración extremeña ha anunciado, asimismo, que impugnará judicialmente aquellos expedientes de traslado que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos, instando al Gobierno central a ejercer sus competencias en materia de extranjería de forma previa a cualquier propuesta de derivación territorial.
El vicepresidente ha fundamentado la posición de la Junta en la necesidad de realizar una valoración individualizada de cada expediente administrativo. Según el escrito, el Ejecutivo regional considera que corresponde al Estado resolver la situación de los menores y garantizar las condiciones de seguridad en la ciudad autónoma de Ceuta antes de plantear traslados colectivos a otras comunidades autónomas.
Asimismo, el representante del Gobierno extremeño ha reclamado que se investiguen las denuncias sobre agresiones sexuales y violaciones en la ciudad autónoma, exigiendo la adopción de medidas necesarias para garantizar la protección de niñas y adolescentes. En este sentido, la Junta de Extremadura ha instado a identificar a los responsables de estos delitos y a priorizar la reunificación familiar y el retorno de las menores víctimas de agresiones como medida de protección principal.
Finalmente, el Ejecutivo regional sostiene que los traslados automáticos pueden dificultar el proceso de retorno de los menores a sus países de origen y la reagrupación con sus familias. La Junta de Extremadura reafirma así su postura de no aceptar nuevos repartos mientras el Gobierno central no cumpla con sus obligaciones legales y no resuelva individualmente la situación jurídica de cada menor afectado atendiendo al interés superior del mismo.
