Un juzgado de Alicante investiga la presunta vulneración de la identidad de género de una joven fallecida

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, en la provincia de Alicante, ha procedido a la apertura de una investigación judicial para esclarecer los hechos ocurridos durante el sepelio de una joven de 21 años, de origen chileno, fallecida por suicidio en 2022. Las diligencias se centran en el presunto uso de su nombre de bautismo y la exhibición de fotografías anteriores a su transición de género por parte de su familia adoptiva durante las honras fúnebres.

El procedimiento judicial se ha iniciado tras la denuncia interpuesta por una amistad de la fallecida ante la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas, entidad que posteriormente dio traslado de los hechos a la Fiscalía. El Ministerio Público, tras analizar el caso, ha decidido remitir la causa a los juzgados de instrucción para determinar si existió una vulneración de los derechos de la joven y de su identidad de género, incluso tras su fallecimiento.

Natalia Aventín, presidenta de Euforia Familias Trans-Aliadas, ha confirmado que las diligencias se han abierto recientemente tras un prolongado periodo de gestiones administrativas y judiciales. Según ha declarado la portavoz de la entidad, el objetivo principal de este proceso es obtener una reparación moral y «devolver la dignidad» a la joven, así como sentar un precedente sobre el respeto a la identidad de las personas trans en el ámbito familiar y social.

La trayectoria vital de la fallecida estuvo marcada por el conflicto identitario y el rechazo en su entorno cercano. Nacida en Chile y adoptada por una familia residente en España, la joven manifestó su identidad de género a los diez años. Según los informes facilitados por la asociación, la respuesta familiar incluyó el sometimiento a terapias de conversión, hecho que derivó en la intervención del Gobierno de Cantabria. La administración autonómica asumió la tutela legal de la menor durante su adolescencia y hasta que alcanzó la mayoría de edad.

Al cumplir los 18 años, la joven se trasladó a Madrid con el propósito de iniciar una nueva etapa vital. No obstante, la ausencia de redes de apoyo y la persistencia de la presión social culminaron en su fallecimiento en 2022. La investigación actual busca dilucidar si las acciones de la familia durante el entierro constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de la persona, en un caso que ha reabierto el debate sobre la protección de la identidad de género más allá de la vida biológica.

Desde el ámbito institucional, el caso se sigue con atención para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de igualdad y protección de colectivos vulnerables. La asociación demandante ha lamentado la dilación en las respuestas institucionales previas, pero confía en que el recorrido judicial del caso contribuya a evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.