Feijóo califica de «ingeniería electoral» la ampliación de la nacionalidad y la regularización de inmigrantes
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este martes lo que considera un proceso de «ingeniería electoral» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El líder de la oposición vincula esta estrategia a la ampliación del acceso a la nacionalidad española a través de la denominada «ley de nietos» y al proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, medidas que, según sus estimaciones, podrían afectar al censo en cerca de 2,5 millones de personas en un horizonte de año y medio.
Durante una entrevista concedida a La7 Región de Murcia, Feijóo ha precisado que su formación no denuncia un «pucherazo», sino una maniobra deliberada para modificar la composición del electorado en beneficio del PSOE. El dirigente popular ha subrayado que una decisión de tal magnitud carece del consenso político e institucional necesario y ha exigido que se garantice de forma rigurosa el cumplimiento de todos los requisitos legales por parte de los solicitantes.
En el desglose de los datos aportados por el líder del PP, se destaca la situación en el consulado español de Buenos Aires, donde asegura que se han registrado más de 650.000 solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Feijóo ha instado a la verificación exhaustiva de estas cifras y ha reclamado una evaluación técnica sobre el impacto real que estas incorporaciones tendrán en el censo electoral de cara a futuros comicios.
Respecto a la regularización extraordinaria de aproximadamente 1,3 millones de personas en situación irregular, el presidente del PP ha advertido que este procedimiento podría entrar en conflicto directo con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, así como con el Reglamento europeo de retorno. Según ha manifestado, estas medidas deben analizarse de forma conjunta por sus profundas consecuencias sociales, económicas y administrativas para el Estado.
Finalmente, Feijóo ha recordado que el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite recursos relacionados con el proceso de regularización. En este sentido, ha defendido la necesidad de revisar la adecuación de la normativa española al derecho comunitario, al tiempo que ha reiterado que cualquier modificación estructural del censo debe responder a criterios de transparencia y acuerdo parlamentario, y no a intereses partidistas.
