El PSPV-PSOE interpone una querella ante el Tribunal Supremo contra Carlos Mazón por presunto falso testimonio
El PSPV-PSOE ha presentado formalmente una querella ante el Tribunal Supremo contra el ex-president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien acusa de un presunto delito de falso testimonio. La formación socialista fundamenta su acción legal en las declaraciones ofrecidas por el exmandatario el pasado mes de noviembre ante la Comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados.
La base de la querella reside en las presuntas contradicciones detectadas entre el testimonio parlamentario de Mazón y los avances de la instrucción penal llevada a cabo por el juzgado de Catarroja, encargado de investigar la gestión de la catástrofe meteorológica. Según el escrito remitido al alto tribunal, existen discrepancias sustanciales entre la versión ofrecida en sede legislativa y el contenido de las comunicaciones internas del Gobierno valenciano.
El documento jurídico destaca como prueba relevante el historial de mensajes de un grupo de WhatsApp integrado por miembros del Consell en octubre de 2024. Mientras que el ex-president sostuvo en su comparecencia que no dispuso de información detallada sobre la gravedad de la situación en las horas críticas, la querella argumenta que los registros digitales muestran que a las 8:15 horas ya tenía conocimiento de los hechos y emitió instrucciones específicas al resto de su gabinete.
Para la parte querellante, concurren «indicios sólidos, plurales y convergentes» de criminalidad. El PSPV subraya que la comparecencia parlamentaria se realizó bajo la «obligación legal de veracidad» y sostiene que las comunicaciones privadas, ahora conocidas públicamente, contradicen la exposición oficial, lo que justificaría la apertura de diligencias penales por parte del Tribunal Supremo.
Con esta iniciativa, los socialistas valencianos buscan que la justicia determine si el ex-president alteró la realidad de los hechos de manera deliberada durante su intervención en la Cámara Baja. El Tribunal Supremo deberá ahora decidir sobre la admisión a trámite de la querella y la posible incoación de un procedimiento para la averiguación de los hechos denunciados.
