El Parlamento Europeo inicia una revisión sobre la gobernanza de la FIFA ante la disparidad de criterios disciplinarios
La Eurocámara ha puesto en marcha un proceso de fiscalización sobre la gestión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tras las recientes controversias en materia disciplinaria y de transparencia internacional. El foco institucional se centra en la aparente contradicción entre la celeridad para revocar sanciones a determinados deportistas y la parálisis administrativa ante procesos de presunta corrupción deportiva de calado, como el denominado caso Negreira.
Según una carta que circula entre las delegaciones de la Eurocámara, el Parlamento Europeo insta a las 27 federaciones nacionales de la Unión Europea, incluida la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a actuar formalmente ante la FIFA. El objetivo es solicitar una investigación exhaustiva sobre el proceso que llevó a revocar la sanción al futbolista estadounidense Folarin Balogun durante la actual Copa del Mundo, tras una presunta intervención política de alto nivel.
El cambio en la decisión disciplinaria de la FIFA se produjo después de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara públicamente haber mediado ante el presidente del organismo, Gianni Infantino. Este movimiento, que contó con el respaldo de la UEFA el pasado 6 de julio, contrasta con otros episodios del torneo, como las quejas de la federación de Egipto por el arbitraje frente a Argentina, donde se reclamaron penaltis no revisados por el sistema VAR.
Desde el ámbito institucional europeo, se observa con preocupación la diferencia de actuación de la FIFA frente al caso Negreira. A pesar de que la Agencia Tributaria ha certificado pagos por valor de 8,4 millones de euros al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y de que el propio Infantino calificó los hechos como «uno de los mayores escándalos del fútbol», el organismo no ha iniciado acciones disciplinarias. Esta postura difiere de la rapidez mostrada en casos precedentes, como las inhabilitaciones de Blatter y Platini en 2015 o la suspensión de Luis Rubiales en 2023, donde se actuó sin esperar a sentencias judiciales en defensa de la integridad deportiva.
El marco jurídico que ampara estas reclamaciones en territorio comunitario es el Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas, conocido como Convenio Macolin. Este tratado, ratificado por España en octubre de 2024, exige estándares estrictos de gobernanza, transparencia y democracia como condición para permitir la autonomía y autorregulación de las federaciones de fútbol dentro de la Unión Europea.
En este contexto, el informe «Pelícano 2.0», analizado por las autoridades europeas, denuncia la inacción de los organismos encargados de velar por la limpieza en las competiciones. El documento señala específicamente la falta de coordinación en España dentro de la Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas (Confad), donde no se habría compartido información relevante sobre el caso Negreira entre la RFEF, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y las fuerzas de seguridad del Estado.
La presión sobre la FIFA se ha intensificado también por la vía de los clubes. El Real Madrid ha presentado ante la UEFA un informe de 500 páginas denunciando la parálisis administrativa del organismo internacional. La revisión iniciada por el Parlamento Europeo busca ahora garantizar que los procesos de toma de decisiones en el fútbol mundial se ajusten a los principios de legalidad y neutralidad exigidos por las instituciones democráticas europeas.
