La Fiscalía solicita hasta dos años y nueve meses de cárcel por un homenaje a un exmiembro de ETA en Berango

La Audiencia Nacional ha celebrado este lunes el juicio contra 16 personas acusadas de participar en un acto de homenaje al etarra Ibai Aginaga en marzo de 2022. El fiscal José Perals ha ratificado su solicitud de penas de entre dos años y dos años y nueve meses de prisión para los procesados, al considerar que los hechos constituyen un delito de enaltecimiento del terrorismo que busca reivindicar la vigencia de la lucha armada.

El Ministerio Público, junto a las acusaciones ejercidas por la asociación Dignidad y Justicia, el partido Vox y la Fundación Villacisneros, sostiene que el acto celebrado en el frontón de Berango (Vizcaya) tras la excarcelación de Aginaga no fue un recibimiento privado, sino un «ongi etorri» organizado con parafernalia específica. Según el informe fiscal, el evento incluyó un pasillo de honor, entrega de flores y discursos de agradecimiento por su trayectoria en la organización terrorista, acompañados de gritos de apoyo a ETA.

Durante la sesión, el fiscal ha advertido sobre la peligrosidad de estos actos para la convivencia, señalando que fueron impulsados por organizaciones como Jardun, Tinko y GEK. El representante estatal ha definido a estos grupos como facciones disidentes de la línea oficial de la izquierda abertzale que rechazan el abandono de las armas. Perals ha subrayado la necesidad de mantener las condenas para evitar que estos homenajes actúen como «una chispa» que pudiera reavivar la actividad terrorista en el futuro.

La acusación ha fundamentado su tesis en la vinculación de Aginaga con sectores que han abandonado el colectivo oficial de presos (EPPK) y en declaraciones públicas del propio exrecluso, quien en entrevistas posteriores a su salida de prisión tras 20 años de condena, habría hecho referencia a la necesidad de mantener activos los debates internos sobre la confrontación.

Por su parte, los acusados han mantenido posturas divergentes durante la vista oral. Mientras que once de ellos se han negado a declarar, los otros cinco han negado cualquier intención de enaltecer el terrorismo. Uno de los procesados ha defendido que la solicitud de uso del frontón municipal se realizó en nombre de un movimiento popular local y ha atribuido la organización a amigos del excarcelado, enmarcando el acto en un contexto de reivindicación política y social.

En el turno de última palabra, algunos de los imputados han ratificado su condición de «disidentes» y han denunciado lo que consideran una criminalización de sus derechos civiles y políticos. Las defensas han solicitado la libre absolución de todos los encausados y, de forma subsidiaria, han pedido que se aplique la atenuante por dilaciones indebidas en el proceso judicial. El tribunal, presidido por el magistrado Fernando Andreu, ha dejado el juicio visto para sentencia.