La Fiscalía de Madrid archiva la denuncia contra Revuelta por la gestión de fondos para la DANA
La Fiscalía Provincial de Madrid ha decretado el archivo de la denuncia interpuesta por dos empleados vinculados a Vox contra la asociación juvenil Revuelta. La querella, que señalaba un presunto desvío de fondos destinados a los damnificados por la DANA en Valencia, ha sido desestimada por el Ministerio Público al considerar que los hechos relatados carecen de base probatoria y presentan un carácter excesivamente genérico.
El auto de archivo, adelantado por diversos medios de comunicación, sostiene que la denuncia formulada por Arturo Villa, asesor del eurodiputado Jorge Buxadé, y Javier Esteban, exresponsable de redes sociales, «no aportaba datos sustanciales» que permitieran acreditar la comisión de un ilícito penal. Según el criterio fiscal, las acusaciones no logran superar el umbral de la sospecha para convertirse en indicios sólidos de criminalidad.
El núcleo de la denuncia se centraba en la gestión de 105.000 euros recaudados por Revuelta tras las inundaciones que afectaron al litoral valenciano a finales de 2024. Los denunciantes sostenían que dicho montante se mantuvo de forma irregular en las cuentas de la asociación. Asimismo, acusaban al presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga, de utilizar vehículos de la entidad para fines particulares y de cargar facturas presuntamente falsas por valor de 5.000 euros.
Desde la secretaría general de Revuelta, Pablo González Gasca ha rechazado de forma sistemática estas acusaciones, enmarcando la denuncia en una estrategia política de la cúpula de Vox para intervenir la asociación. Según esta tesis, la negativa de los dirigentes juveniles a integrar la organización dentro de las estructuras oficiales del partido, o de su sindicato Solidaridad, habría desencadenado las presiones internas y la posterior vía judicial.
Durante la instrucción preliminar, han trascendido grabaciones en las que los propios denunciantes admitían dudas sobre la veracidad de las irregularidades. En uno de los audios publicados, Arturo Villa llegaba a afirmar que estaba «seguro de que las cuentas están bien», mientras que Javier Esteban reconocía que el interés real del partido era el control de Revuelta y que se habían producido situaciones de presión para forzar la denuncia ante el Ministerio Público.
Los hechos que precedieron a la denuncia apuntan a una reunión en la sede nacional de Vox, donde dirigentes como Jorge Buxadé y Montserrat Lluis habrían solicitado el acceso íntegro a la contabilidad de la asociación juvenil. Ante la negativa de los responsables de Revuelta a entregar los documentos sin un acuerdo previo de confidencialidad, la relación entre ambas entidades se fracturó definitivamente, derivando en la presentación de denuncias ante la Fiscalía y la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Con el archivo de las actuaciones, la Fiscalía cierra la vía penal sobre la gestión de las ayudas para la DANA por parte de la organización juvenil, al no encontrar evidencias de apropiación indebida ni de administración desleal. Fuentes del entorno asociativo insisten en que cualquier posible desajuste detectado respondería a cuestiones de índole administrativa derivadas de la celeridad en la gestión de la catástrofe, descartando cualquier tipo de dolo o mala fe.
