La presentadora Paloma Lago ha roto su silencio tras el auto de la Audiencia Provincial que decreta el sobreseimiento provisional de la causa por presunta agresión sexual contra el exconselleiro de Mar de la Xunta de Galicia, Alfonso Villares. Lago ha precisado que la resolución judicial no supone una absolución ni un cierre definitivo del caso, contradiciendo las recientes declaraciones del político del Partido Popular, quien defendió la pasada semana que la acusación carecía de fundamento.
El auto judicial, fechado el pasado 8 de abril y de carácter firme, establece un sobreseimiento provisional debido a lo que denomina un «déficit probatorio» que impide la apertura de un juicio oral en este momento. No obstante, el tribunal matiza en el documento que lo conocido hasta ahora no es «tan concluyente como para justificar un cierre definitivo de la causa». Esta distinción jurídica implica que el procedimiento podría reabrirse si apareciesen nuevos elementos de prueba durante el periodo de investigación.
Por su parte, Alfonso Villares compareció el pasado jueves en Santiago de Compostela para reivindicar su inocencia. En una intervención de ocho minutos y sin admitir preguntas, el exmandatario afirmó que tanto la jueza instructora como el Ministerio Fiscal y los magistrados de la Audiencia coincidieron en señalar que la denuncia no tenía base legal para procesarle. Tras el fallo, Villares ha anunciado su intención de solicitar el reingreso en la actividad orgánica del PP gallego y ha reclamado una reflexión a sus adversarios políticos sobre el respeto a la presunción de inocencia.
Frente a esta postura, Paloma Lago ha justificado su hermetismo previo como una muestra de respeto a los tiempos de la justicia y a la instrucción policial. La presentadora subrayó que su decisión de hablar ahora responde a la necesidad de aclarar el contenido técnico del auto frente a las manifestaciones públicas del investigado. «El silencio no es debilidad, el silencio es respeto a la investigación policial y a la justicia», señaló Lago, remitiéndose a la parte del sumario que describió su testimonio como «persistente en la incriminación y verosímil en su exposición».
Los hechos objeto del litigio se sitúan el 27 de diciembre de 2024 en el domicilio de la presentadora en la parroquia de Cobas, Ferrol. Tras la denuncia interpuesta a principios de 2025, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia procedió a la imputación de Villares en junio de ese año. En ese momento, el político renunció a su cargo en el Gobierno autonómico y a su condición de aforado para ejercer su defensa ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, donde prestó declaración el pasado 15 de septiembre.
La resolución de la Audiencia Provincial destaca que la instrucción fue «desarrollada con notable amplitud», un factor que, según los magistrados, dificulta precisamente el cierre nítido y terminal del caso. Según ha manifestado la denunciante, las líneas de investigación policial se mantienen operativas. El proceso judicial queda supeditado ahora a la aparición de nuevos indicios que permitan avanzar hacia una resolución final antes de que expire el plazo de prescripción del presunto delito.
