La Fiscalía solicita 18 años de inhabilitación para el exalcalde de Cádiz José María González
La Fiscalía ha solicitado una pena de 18 años de inhabilitación especial para cualquier cargo electivo para el exalcalde de Cádiz, José María González, conocido como «Kichi». El Ministerio Público le atribuye presuntos delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación administrativa en relación con la contratación de un asesor para su grupo municipal durante su etapa al frente del consistorio gaditano.
Según el escrito de acusación provisional remitido al juzgado, la Fiscalía interesa además la imposición de una multa de 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, lo que representa una sanción económica total de 10.800 euros para el exregidor. La investigación judicial se centra en las irregularidades detectadas en el desempeño y nombramiento de personal de confianza adscrito a su formación política en el Ayuntamiento.
El escrito del Ministerio Fiscal extiende la acusación a otros cinco exmiembros del equipo de gobierno y colaboradores cercanos. Entre los señalados figuran David Navarro González Santos, entonces concejal del Área de Personal; José Vicente Barcia Magaz, jefe de Gabinete de Alcaldía; José Ramón Páez Pareja, asesor de Alcaldía; y Laura Jiménez Ortega, quien fuera concejala delegada de Turismo. Asimismo, el procedimiento se dirige contra Fernando García Acuña, el asesor objeto de la controversia legal.
Los hechos que motivan la acusación se remontan al año 2018. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el equipo de gobierno municipal ya había cubierto el cupo máximo de asesores permitido por la normativa vigente. Ante esta limitación técnica, el Ministerio Público sostiene que se urdió un plan para contratar a Fernando García Acuña como asesor jurídico del Grupo Municipal Por Cádiz Sí Se Puede, eludiendo presuntamente los cauces legales establecidos para la incorporación de personal eventual.
La causa judicial examina si dichas decisiones administrativas se tomaron a sabiendas de su presunta ilegalidad y si el uso de información interna para facilitar dicha contratación constituyó un delito de revelación de secretos. El proceso continuará ahora su curso en sede judicial para determinar las responsabilidades penales de los encausados en la gestión de los recursos públicos municipales.
