Sánchez condiciona el retorno de los inmigrantes de Ceuta al cumplimiento del derecho de asilo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha precisado este lunes que el proceso de retorno de los inmigrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta a finales de julio se llevará a cabo con la excepción de aquellos que soliciten y tengan derecho a asilo. Durante la reunión interparlamentaria del PSOE celebrada en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo ha matizado la postura mantenida hasta ahora por varios miembros de su gabinete, quienes habían garantizado la devolución de la totalidad de los ciudadanos que participaron en la entrada masiva.

En su intervención ante diputados, senadores y eurodiputados socialistas, Sánchez ha subrayado que la gestión de esta crisis se ajustará estrictamente a la legalidad vigente y a los compromisos internacionales. «Quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos», ha manifestado el presidente, vinculando la respuesta del Estado de derecho con el respeto a la dignidad humana.

Esta declaración introduce un matiz relevante frente a las afirmaciones previas de los titulares de Exteriores, Interior y Política Territorial. El ministro José Manuel Albares había asegurado el pasado 11 de agosto que el objetivo era el retorno de «hasta la última persona», mientras que Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres habían reiterado que la entrada irregular no tendría respaldo en el ordenamiento jurídico y que todos los implicados serían devueltos de acuerdo con la ley.

En el ámbito judicial, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este mismo lunes incoar diligencias para investigar la entrada masiva. La instructora considera los hechos como un presunto «ataque grave contra la integridad territorial», asumiendo las tesis del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif). Según informes de la Policía Nacional, agentes de Marruecos habrían participado de manera activa en la coordinación del asalto fronterizo.

Respecto a la situación actual en la ciudad autónoma, el Ejecutivo central cifra en 5.000 el número de personas que aún permanecen en territorio ceutí tras los sucesos de julio. No obstante, estas cifras contrastan con los datos facilitados por las autoridades locales de Ceuta, que elevan el número de ciudadanos en situación irregular a una horquilla de entre 8.000 y 10.000 personas.

Fuentes de la Presidencia del Gobierno han indicado que, si bien se garantizará el procedimiento de asilo para cumplir con las garantías jurídicas, se prevé que el número de beneficiarios finales de esta protección internacional sea reducido. El objetivo prioritario del Ejecutivo, según ha remarcado Sánchez, sigue siendo la recuperación de la normalidad en la zona y la respuesta a lo que ha calificado como una crisis humanitaria.