La Fiscalía de Lugo se opone al archivo de la causa contra José Tomé por presuntos delitos contra la libertad sexual
La Fiscalía Provincial de Lugo ha formalizado su oposición al sobreseimiento de la causa abierta contra el expresidente de la Diputación Provincial, José Tomé, por presuntos delitos contra la libertad sexual. El Ministerio Público ha impugnado el recurso presentado por la defensa del investigado contra el auto judicial que ordenó dar continuidad a la instrucción, al considerar que la petición de archivo resulta prematura en el estado actual de las actuaciones.
En el escrito remitido al juzgado, la Fiscalía argumenta que todavía existen diligencias de investigación relevantes por practicar para el total esclarecimiento de los hechos denunciados. Si bien el fiscal admite que, con los datos recabados hasta la fecha, resulta complejo encajar los hechos estrictamente en el tipo penal de acoso sexual, subraya que la fase inicial de la investigación impide descartar definitivamente esta u otras calificaciones jurídicas.
El Ministerio Fiscal sostiene que, con independencia de si se acredita finalmente el acoso sexual, la conducta investigada podría constituir otros delitos contra la libertad y la dignidad de la persona. Entre las tipificaciones alternativas mencionadas se encuentran las amenazas, coacciones, trato degradante o comportamientos de naturaleza sexual que generen una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria para la víctima.
Como parte de la estrategia para ampliar la instrucción, la Fiscalía ha solicitado la incorporación al procedimiento de las comunicaciones y conversaciones mantenidas entre la denunciante y el investigado. Asimismo, ha instado la declaración de diversos testigos identificados durante las diligencias previas, quienes podrían aportar información sobre hechos de naturaleza similar o datos relevantes para determinar el alcance de las conductas atribuidas al expresidente provincial.
Finalmente, el escrito interesa la desestimación del recurso de la defensa y la confirmación de la resolución judicial recurrida. La posición del Ministerio Público refuerza la necesidad de agotar la vía de instrucción para precisar el alcance de las responsabilidades penales antes de decidir sobre la viabilidad de un eventual juicio oral o el cierre definitivo del procedimiento.
