El juez Calama rechaza imponer medidas cautelares a Zapatero pese a apreciar indicios de criminalidad

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido no aplicar medidas cautelares sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras su comparecencia como investigado este miércoles por el denominado ‘caso Plus Ultra’. A pesar de que el instructor considera que Zapatero no ha logrado desvirtuar los «indicios racionales de criminalidad» expuestos en el auto de imputación, el juez ha descartado la retirada del pasaporte o la prisión provisional al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

La decisión judicial se produce tras una declaración de tres horas en la que el expresidente negó haber ejercido influencia alguna para la concesión del rescate de 53 millones de euros otorgado por el Ejecutivo a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. No obstante, el juez Calama ha requerido al investigado la facilitación de un número de teléfono móvil y un correo electrónico para garantizar su «inmediata localización» por parte del juzgado en cualquier momento del procedimiento.

En su resolución, el magistrado subraya que la adopción de medidas restrictivas exige un juicio riguroso sobre la concurrencia de riesgos procesales. En el caso de Zapatero, el auto destaca su «visibilidad pública» y su «manifiesto arraigo» en España como factores que dificultan una posible sustracción a la acción de la justicia. Para el juez, la imposición de comparecencias quincenales o la prohibición de salida del territorio nacional resultaría desproporcionada y constituiría una suerte de «pena anticipada».

No obstante, el instructor mantiene la condición de investigado del exlíder socialista basándose en diversas fuentes de prueba. Entre ellas, el auto menciona el análisis de dispositivos electrónicos, la trazabilidad de transferencias bancarias relacionadas con los fondos públicos concedidos y el presunto uso de sociedades mercantiles instrumentales para canalizar pagos. Asimismo, el juez hace referencia a la información aportada por las autoridades de Estados Unidos sobre el empresario Rodolfo Reyes y el hallazgo en el despacho de Zapatero de joyas tasadas en 1,3 millones de euros, cuyo origen y liquidación tributaria no han sido acreditados.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado para el expresidente la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas. Por su parte, la acusación popular liderada por el Partido Popular se adhirió a estas peticiones, mientras que otras acusaciones como Vox, Hazte Oír, Liberum e Iustitia Europa solicitaron, de forma subsidiaria, la prisión provisional. La defensa de Zapatero se opuso a todas las medidas y ha entregado un poder universal para demostrar la inexistencia de activos en el extranjero.

Finalmente, el juez Calama califica la investigación de tener un «evidente carácter embrionario». Según el auto, las diligencias futuras podrán evolucionar en el sentido de consolidar los indicios actuales o, por el contrario, «disiparlos» a través de nuevas pruebas que contrarresten la tesis acusatoria. Por el momento, el magistrado concluye que no existe un riesgo actual, específico y acreditado que justifique la restricción de los derechos fundamentales del investigado.