El Ministerio de Cultura ha procedido a la expulsión de 122 empresas y establecimientos del programa del Bono Cultural Joven tras detectar un uso irregular de los fondos públicos asignados. Según los datos oficiales recabados por el departamento que dirige Ernest Urtasun, el importe total de las operaciones fraudulentas asciende a 487.050 euros durante las convocatorias de los años 2022 y 2023, periodo en el que la administración ha exigido el reintegro de las cantidades utilizadas de forma indebida.
La resolución, firmada por la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, detalla que en el ejercicio 2022 se identificaron 51 empresas con prácticas irregulares, lo que supuso un fraude de 218.091,67 euros. En la convocatoria de 2023, la cifra de entidades expulsadas se incrementó hasta las 93, de las cuales 22 ya habían incurrido en faltas en el año anterior. El montante detectado en este segundo periodo alcanzó los 268.959,22 euros. Pese a estas cifras, el Ministerio destaca que el impacto económico del fraude es limitado, representando un 0,30% y un 0,31% del gasto total de cada año, respectivamente.
Entre los establecimientos apartados del sistema se encuentran grandes superficies, cadenas de distribución y plataformas de ocio de amplio reconocimiento nacional. Firmas como El Corte Inglés, Mediamarkt, Kinépolis, Game, Yelmo Films y Fever figuran en el listado de empresas que permitieron transacciones no ajustadas a la normativa. Junto a estas grandes marcas, la medida ha afectado a librerías, salas de cine, servicios de venta de entradas y pequeños comercios especializados distribuidos por toda la geografía española.
El Ministerio de Cultura ha evitado calificar estas acciones como un fraude deliberado por parte de las sociedades, utilizando el término técnico de «empresas que han permitido un uso indebido» de la ayuda de 400 euros destinada a jóvenes de 18 años. La institución ha denegado la entrega del desglose económico individualizado de cada caso, amparándose en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Según la administración, la difusión de ciertos detalles podría comprometer la eficacia de los procedimientos de reintegro y las labores de inspección y vigilancia que todavía se encuentran en fase de ejecución.
Para combatir estas irregularidades, el Gobierno ha implementado un sistema de control preventivo basado en el filtrado automático de transacciones. Este modelo utiliza restricciones por códigos de actividad económica (IAE) y el bloqueo de terminales de punto de venta (TPV) que no cuenten con la autorización previa. Asimismo, los beneficiarios tienen la obligación de cargar sus justificantes de compra en una plataforma oficial, donde son validados individualmente para confirmar que el gasto se corresponde con productos o servicios culturales subvencionables.
El Bono Cultural Joven, que movilizó 71,9 millones de euros en 2022 y 87,5 millones en 2023, ha sido objeto de controversia desde su implantación debido a casos de reventa y al intento de uso de los fondos en locales de ocio nocturno para el consumo de alcohol. El Ministerio ha subrayado que, si bien el bono es válido para eventos culturales en discotecas o salas similares, queda terminantemente prohibido su uso para consumiciones o servicios que carezcan de un trasfondo cultural explícito. Los mecanismos de auditoría externa y revisión de operaciones continúan reforzándose para asegurar el cumplimiento de los fines previstos en la subvención.
