La Dirección General de la Guardia Civil ha confirmado la continuidad en servicio activo del capitán Juan Sánchez Yepes, antiguo mando de la Unidad Central Operativa (UCO), a pesar de la investigación judicial abierta en su contra por presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. El oficial, que actualmente ejerce como profesor en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, se encuentra bajo el foco del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El magistrado Santiago Pedraz investiga si Sánchez Yepes facilitó información clasificada sobre la estructura y los miembros de la unidad de élite a una red presuntamente vinculada con Leire Díez. Según consta en el sumario, las filtraciones habrían tenido como objetivo comprometer investigaciones en curso y desprestigiar a mandos encargados de casos de corrupción que afectaban a intereses políticos. Pese a la naturaleza de los cargos, el Instituto Armado no ha decretado, hasta la fecha, la suspensión provisional de funciones ni ha precisado la apertura de un expediente disciplinario.
Fuentes del Cuerpo señalan un contraste con el proceder en causas anteriores que involucraron al mismo oficial. En el marco de la investigación de una trama de hidrocarburos conocida como operación Gaslow, Sánchez Yepes fue suspendido de funciones durante varios meses tras ser imputado por delitos similares. En aquel episodio, el Ministerio del Interior consideró necesaria la medida cautelar para evitar interferencias en la causa, un criterio que no se ha aplicado de forma inmediata en el presente procedimiento judicial.
El auto judicial describe una reunión celebrada el 10 de diciembre de 2024 en la que el capitán habría advertido explícitamente a sus interlocutores sobre la confidencialidad de la información antes de proceder a revelarla. Según las grabaciones intervenidas por los investigadores, el oficial facilitó detalles sobre el funcionamiento interno de la UCO y señaló específicamente al teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción. Dicha información habría servido a la trama para señalar a Balas como objetivo con el fin de obstaculizar las pesquisas bajo su mando.
La Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil estipula que el pase a la situación de suspensión de funciones puede acordarse como consecuencia de una inculpación penal o por la incoación de un expediente por falta muy grave. La normativa subraya que esta medida es aplicable cuando los hechos supongan un daño a la imagen del cuerpo, generen alarma social o afecten al régimen del Instituto Armado. Sectores internos han manifestado que la trascendencia del caso justifica la medida cautelar debido al perjuicio reputacional que conlleva la investigación.
Finalmente, la instrucción judicial apunta a que el mando habría facturado servicios profesionales al entorno de la formación política mencionada en la causa, el PSOE. Aunque el juez Pedraz no ha desglosado las cantidades económicas exactas que el oficial habría percibido por desvelar información sensible, los indicios de pagos por servicios de asesoramiento e información privilegiada forman parte central de la investigación por cohecho que se instruye en la Audiencia Nacional.
