Una antigua funcionaria del Ayuntamiento de Mataró ha denunciado públicamente la falta de protección efectiva por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), tras haber permanecido más de tres años fuera de su puesto de trabajo a pesar de contar con el estatus de persona protegida. La afectada acusa al organismo de no haber utilizado sus facultades sancionadoras para impedir su cese ni facilitar su reincorporación, tras haber alertado sobre presuntas irregularidades en los procesos de contratación del personal municipal.
La denunciante obtuvo formalmente la condición de protección en el año 2023, después de informar a la OAC sobre una serie de nombramientos que, según su testimonio, se realizaron mediante procedimientos de urgencia, eludiendo los principios de publicidad y concurrencia exigidos por la normativa. No obstante, apenas un mes después de recibir este amparo legal, la trabajadora fue cesada de su cargo. Según relata, el Ayuntamiento de Mataró desoyó los requerimientos previos de Antifraude, que instaban a paralizar el procedimiento de despido mientras se analizaba el caso.
En diciembre de 2023, la Oficina Antifraude emitió un informe en el que identificaba hasta ocho represalias directas contra la funcionaria vinculadas a sus denuncias. Entre estas acciones se encontraban la retirada de sus funciones habituales, diversas actuaciones administrativas desfavorables y el cese final. A pesar de que el organismo advirtió a la alcaldía sobre las posibles consecuencias sancionadoras, la afectada sostiene que estas medidas no se tradujeron en una restitución real de sus derechos laborales ni en una asistencia económica efectiva durante el periodo en que estuvo desempleada.
El conflicto ha derivado en varios frentes judiciales. Hasta la fecha, la denunciante ha obtenido tres resoluciones favorables: dos que reconocen sus bajas laborales de larga duración como accidentes de trabajo y una tercera, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en abril de 2024, que le concede una indemnización de casi 50.000 euros por daños morales. El Tribunal Supremo inadmitió recientemente el recurso del consistorio, otorgando firmeza a esta indemnización, si bien el procedimiento relativo a la nulidad de su cese sigue en curso.
La gestión administrativa del expediente sancionador también es objeto de crítica por parte de la exempleada. Aunque la Ley 2/2023 establece sanciones de hasta un millón de euros para infracciones graves, la OAC acordó suspender el expediente sancionador abierto contra el Ayuntamiento y tres personas físicas hasta que se resuelvan los litigios judiciales pendientes. Para la afectada, esta decisión supone una demora injustificada que podría derivar en la prescripción de las infracciones y deja la normativa de protección de los informantes en «papel mojado».
Finalmente, la trabajadora ha señalado deficiencias en la coordinación procesal con la Oficina Antifraude. Según denuncia, el organismo impulsó un procedimiento judicial sobre su despido de forma independiente y sin consultarla, lo que provocó la suspensión de una vista judicial prevista para finales de octubre al no figurar ella como parte del proceso. La denunciante lamenta que el sistema actual traslade toda la carga de la defensa y los costes judiciales a los alertadores, dificultando la lucha contra la corrupción en las administraciones públicas.
