El Tribunal de Cuentas detecta que más de la mitad de las fundaciones vinculadas a partidos incumplen el control de su financiación
El Tribunal de Cuentas ha alertado sobre un «elevado grado de incumplimiento» en la transparencia financiera de las organizaciones vinculadas a las formaciones políticas en España. Según el último informe de fiscalización, referido al ejercicio 2023 y aprobado el pasado 22 de septiembre, 21 de las 37 entidades analizadas no presentaron el informe de auditoría de sus cuentas anuales, una obligación establecida por la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos.
La fiscalización, que alcanza a 30 fundaciones, cuatro asociaciones y tres sociedades mercantiles, revela deficiencias significativas en la rendición de cuentas. Además de la ausencia de informes de auditoría, el órgano fiscalizador ha detectado retrasos generalizados en la entrega de la documentación, entidades que no llegaron a remitir sus estados contables y organizaciones que operan fuera del registro específico del Ministerio del Interior.
Entre los casos señalados por su opacidad destaca la Fundación de Estudios Críticos, vinculada a Izquierda Unida, que no ha presentado sus cuentas ni su auditoría de 2023, manteniendo una situación de impago de obligaciones documentales que se remonta a 2020. El Tribunal advierte que el incumplimiento durante dos ejercicios consecutivos podría constituir una infracción muy grave. Esta entidad mantiene además una deuda formalizada de más de 477.000 euros con la organización federal de IU.
El informe también detalla irregularidades en fundaciones vinculadas al PSOE. Organizaciones como Andalucía, Socialismo y Democracia, Carlos Chivite, Gabriel Alomar, Matilde de la Torre y Societat i Progrés omitieron la remisión del informe de auditoría obligatorio o presentaron memorias incompletas. En el caso de la Fundación Pablo Iglesias, aunque cumplió con la normativa general, el Tribunal detectó una donación en especie de 800 euros no registrada en su contabilidad.
Por su parte, la Fundación Disenso, vinculada a Vox, presentó sus cuentas fuera del plazo ordinario, aunque sí incluyó el informe de auditoría. Durante el ejercicio analizado, esta entidad gestionó 2,5 millones de euros procedentes del partido, además de recibir 232.300 euros en donaciones y 146.699 euros en subvenciones públicas.
En términos globales, las entidades examinadas declararon haber recibido 4,72 millones de euros en aportaciones y donaciones privadas, así como 2,12 millones de euros en subvenciones públicas durante el año 2023. No obstante, el Tribunal de Cuentas subraya que 14 de estas organizaciones no han publicado sus cuentas anuales ni las conclusiones de sus auditorías en sus respectivas páginas web, dificultando el acceso público a la información financiera.
Otro de los puntos críticos señalados es la falta de inscripción en la sección específica del Registro de Partidos Políticos. A 31 de diciembre de 2023, 15 de las 37 entidades no figuraban en dicho registro, lo que ha motivado una recomendación expresa al Ministerio del Interior para que actualice el censo de organizaciones vinculadas y facilite la labor supervisora del Tribunal.
Finalmente, el órgano fiscalizador ha propuesto una reforma legislativa para establecer un umbral mínimo de ingresos que exima a las fundaciones de menor tamaño de la obligación de someterse a auditorías externas, una excepción que actualmente no contempla la ley. Asimismo, el Tribunal insiste en que estas entidades deben centrarse en sus fines fundacionales propios, evitando convertirse en meras estructuras de captación de recursos o tenencia de inmuebles al servicio de las formaciones políticas.
