Álvaro García Ortiz defiende su inocencia y denuncia falta de carga probatoria en su condena
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha manifestado que su condena por parte del Tribunal Supremo se produjo sin que existiera una «carga probatoria» en su contra. En su primera intervención pública tras el fallo judicial de noviembre, García Ortiz aseguró haberse sentido «maltratado» y «señalado» durante el proceso, reiterando que su actuación no constituyó conducta punible alguna y que confiaba plenamente en una sentencia absolutoria que finalmente no se produjo.
Durante una entrevista concedida al programa «Lo de Évole» de La Sexta, el antiguo jefe del Ministerio Público calificó el fallo como «duro» y una «sorpresa». García Ortiz insistió en que él no fue el origen de la filtración de los correos electrónicos intercambiados entre la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, e integrantes de la Fiscalía, en relación con un presunto delito contra la Hacienda Pública.
García Ortiz detalló el impacto personal de las sesiones judiciales, señalando específicamente las intervenciones de González Amador y las declaraciones previas del jefe de Gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. Según el ex fiscal general, los señalamientos directos recibidos durante la vista oral vulneraron su derecho al respeto de su dignidad personal, calificando las acciones de Rodríguez como un «intento claro de intoxicación y de calumnia» contra la institución de la Fiscalía General.
En el plano institucional, García Ortiz expresó su malestar por un comentario realizado por el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien en un acto público aludió a la redacción de la sentencia antes de que esta fuera notificada oficialmente. El ex fiscal describió este episodio, sumado a los 20 días de espera para conocer el contenido íntegro del fallo, como una situación de «profundo dolor personal e institucional» difícil de gestionar ante la opinión pública.
Respecto al testimonio de la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien afirmó haberle advertido sobre la posible filtración de los correos, García Ortiz calificó de «doloroso» que se extrajeran inferencias de su relato. El ex fiscal general evitó profundizar en sus desavenencias profesionales con Lastra, cuya sustitución por María Isabel Martín López ha sido propuesta recientemente por la actual dirección del Ministerio Público.
Preguntado por la naturaleza política de su proceso, García Ortiz rechazó calificar la instrucción como un «golpe de Estado», aunque apuntó la existencia de un «desequilibrio de poder» en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No obstante, puntualizó que no cuestiona la integridad de los magistrados del alto tribunal, a pesar de considerar que la instrucción judicial no debió haberse producido bajo los términos en los que se desarrolló.
Sobre el respaldo recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, García Ortiz admitió que las declaraciones del jefe del Ejecutivo afirmando que la Fiscalía «depende del Gobierno» han perjudicado la imagen de autonomía de los fiscales. Argumentó que dicha frase «le perseguirá» durante mucho tiempo, si bien justificó su permanencia en el cargo antes del juicio para evitar originar un problema político de mayor envergadura a la Presidencia del Gobierno.
Álvaro García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, una multa de 7.200 euros y el pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por un delito de revelación de secretos. Actualmente, el ex fiscal general ha recurrido el fallo ante el Tribunal Constitucional, defendiendo que su actuación tuvo como fin institucional legítimo desmentir informaciones tergiversadas y proteger la imagen del Ministerio Público.
