El despacho de Baltasar Garzón asumirá la defensa de los ciudadanos afectados por la suspensión del voto exterior
El bufete de abogados liderado por el exjuez Baltasar Garzón representará de manera gratuita a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que se hayan visto afectados por la suspensión de su inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Esta medida jurídica surge tras la decisión del Tribunal Supremo de paralizar cautelarmente la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos», en lo referente a la participación electoral para los próximos comicios del 29 de noviembre.
La asistencia letrada consistirá en la presentación de recursos de amparo ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en nombre de aquellas personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la citada ley. El objetivo de estas acciones legales es revertir la exclusión del censo de los nuevos nacionalizados, garantizando así su derecho al sufragio en las elecciones generales programadas para finales de mes.
El anuncio ha sido difundido por la Federación de Asociaciones Gallegas en la República Argentina, después de que este lunes la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazara el recurso del Gobierno. El Ejecutivo central pretendía levantar la suspensión cautelar que impide votar a los ciudadanos que accedieron a la nacionalidad por esta vía, pero el alto tribunal ha ratificado que no podrán participar en la jornada electoral del 29-N mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La federación ha hecho un llamamiento específico a todos los residentes en el exterior que hayan tramitado su nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática desde octubre de 2019. Según la organización, la defensa gratuita se ofrece incluso a aquellos ciudadanos que ya ejercieron su derecho al voto en los procesos electorales celebrados durante el año 2023, pero que ahora se encuentran inhabilitados por la reciente resolución judicial.
En términos jurídicos, la situación se deriva de las medidas cautelares solicitadas por Vox e Iustitia Europa. Según el comunicado emitido por la federación de asociaciones, esta intervención judicial ha provocado la paralización de las inscripciones en el CERA, lo que consideran una vulneración de los derechos fundamentales de los nuevos inscritos. Por ello, el despacho de Garzón buscará agotar la vía constitucional para restablecer la plena capacidad electoral de los afectados antes de la cita con las urnas.
Esta decisión judicial se produce en un contexto de estrechos márgenes temporales, ya que el Tribunal Supremo otorgó previamente un plazo de 48 horas a las partes para presentar alegaciones antes de fijar su postura definitiva sobre el voto exterior de los nacionalizados bajo la denominada «ley de nietos».
