La jueza de Catarroja cita como testigos a los alcaldes de los municipios afectados por la DANA
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Catarroja, encargado de la investigación de las consecuencias de la riada del pasado 29 de octubre, ha acordado la comparecencia en calidad de testigos de los alcaldes de varias de las localidades más damnificadas por la catástrofe. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), las citaciones se desarrollarán entre los meses de noviembre y diciembre con el objetivo de esclarecer la gestión y respuesta ante la emergencia.
El calendario judicial arrancará el próximo 5 de noviembre a las 09:30 horas con la declaración de la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent. Posteriormente, el 2 de diciembre, comparecerán Eva Sanz, alcaldesa de Benetúser, y Juan Ramón Adsuara, primer edil de Alfafar. La ronda de testimonios de los responsables municipales concluirá el 4 de diciembre con las declaraciones de Francisco Antonio Comes, alcalde de Massanassa, y José Miguel Ferris, alcalde de Albal.
Además de los representantes locales, la diligencia de ordenación notificada este miércoles incluye a cargos técnicos y de seguridad. El 25 de noviembre está prevista la comparecencia de la comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana, así como la de un exasesor de prensa de la Generalitat Valenciana. Asimismo, el día 30 de noviembre han sido citados dos bomberos forestales de la base de Buñol para aportar su testimonio sobre las labores de rescate y actuación en la zona.
Estas comparecencias se enmarcan en la instrucción que busca reconstruir cronológicamente los hechos ocurridos durante la tarde y noche de la barrancada. El letrado de la Administración de Justicia ha fijado estas fechas tras la solicitud de nuevas diligencias para ampliar la información sobre los avisos recibidos y las medidas de protección civil adoptadas en los municipios del cinturón sur de Valencia, los más golpeados por el desbordamiento de los barrancos.
La decisión judicial se produce en un contexto de revisión técnica de los protocolos de emergencia. Los testimonios de los alcaldes, como máximas autoridades de protección civil en sus respectivos términos municipales, se consideran fundamentales para la causa, dado que fueron los encargados de gestionar la crisis de forma directa sobre el terreno durante las horas críticas del temporal.
