El Gobierno amplía la red de acogida en Ceuta con nuevas infraestructuras para más de 1.000 personas
El Ejecutivo central ha acelerado la puesta en marcha de dos nuevas infraestructuras en el muelle de Poniente de Ceuta con capacidad para albergar a más de 1.000 personas. Esta medida técnica busca dar respuesta al incremento de llegadas registrado a finales de julio y garantizar el desalojo de los espacios públicos y zonas costeras donde permanecían acampados centenares de inmigrantes en situación irregular.
En el marco de este despliegue de emergencia, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones coordinó este domingo el traslado de 864 personas desde las inmediaciones de Loma Colmenar hasta un nuevo recurso temporal ubicado en el barrio de Los Rosales. El operativo, calificado como «operación humanitaria», se desarrolló de forma voluntaria y sin incidentes en una parcela propiedad de la entidad pública SEPES, cedida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para este fin.
La prioridad administrativa actual se centra en la finalización de las carpas instaladas en la zona portuaria, donde se ultiman detalles de adecuación interior. Paralelamente, el Gobierno trabaja en la habilitación inmediata de un espacio específico en la explanada de la mezquita de Sidi Embarek, destinado a la acogida de más de 300 mujeres con menores de edad.
Con la apertura del centro de Los Rosales, la administración ya cuenta con aproximadamente 4.300 plazas habilitadas en la ciudad autónoma. Según previsiones del departamento ministerial, se espera superar las 6.000 plazas temporales en las próximas fechas para estabilizar la gestión del flujo migratorio y reducir la ocupación de la vía pública.
La intervención gubernamental responde a la necesidad de aliviar la presión en enclaves como la playa del Trampolín, escenario de diversas reyertas en los últimos días. El traslado a dispositivos cerrados permite, según fuentes oficiales, garantizar una atención humanitaria adecuada al tiempo que se agiliza la tramitación de los expedientes administrativos correspondientes, conforme a la legalidad vigente.
El dispositivo cuenta con la vigilancia y apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asegurando que la transición desde los asentamientos informales hacia los recursos institucionales se realice bajo parámetros de seguridad ciudadana y orden público.
