El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha manifestado este viernes la intención del Ejecutivo de promover una reforma de la Ley de Extranjería y proceder a la instalación de boyas en el perímetro fronterizo de Ceuta. Estas medidas buscan habilitar el marco legal necesario para retomar las devoluciones inmediatas de inmigrantes que acceden a la ciudad autónoma por vía marítima, un procedimiento que actualmente se encuentra condicionado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
La iniciativa gubernamental responde al fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, notificado el pasado 8 de julio. La sentencia determina que la actual disposición adicional décima de la Ley de Extranjería no ampara el rechazo en frontera —conocido como devolución en caliente— para quienes llegan a nado, ya que dicha figura legal está supeditada a la superación de elementos físicos de contención. Al no existir barreras materiales en el agua, los magistrados consideran que debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución, que implica la apertura de un expediente administrativo.
Durante su comparecencia, el jefe del Ejecutivo ha calificado la situación vivida en Ceuta como un ataque a la integridad territorial de España. Sánchez ha argumentado que la instalación de boyas permitirá establecer una barrera visible que, desde el punto de vista administrativo y jurídico, cumpla la función de elemento de contención. Asimismo, ha abierto la puerta a modificaciones legislativas para asegurar que las repatriaciones en frontera se ejecuten con la mayor eficiencia posible tras los incidentes de los últimos días.
Según datos del Ministerio del Interior, Ceuta ha registrado la llegada de aproximadamente 60.000 personas en las últimas 48 horas, de las cuales 53.000 habrían regresado a Marruecos de forma voluntaria. El origen de la restricción jurídica actual se sitúa en el recurso de un ciudadano argelino que fue entregado a las autoridades marroquíes tras ser interceptado en el mar. El Tribunal Supremo, ratificando sentencias previas del TSJA y de un juzgado de Ceuta, dictaminó que los drones y sensores térmicos son herramientas de vigilancia y alerta temprana, pero no constituyen medios físicos de retención.
La interpretación del Alto Tribunal implica que, sin una reforma legal o la colocación de obstáculos materiales, la interceptación de inmigrantes en alta mar debe seguir los cauces del artículo 58.3 de la normativa de extranjería. Este proceso administrativo puede prolongarse durante varios meses, lo que dificulta la gestión de entradas masivas detectadas por los sistemas de control fronterizo.
Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, ha trasladado a la Presidencia del Gobierno la urgencia de una respuesta «enérgica y decidida» ante el colapso de los servicios municipales. Aunque Sánchez ha reiterado el respaldo institucional del Estado a los ciudadanos de Ceuta, la administración local demanda soluciones inmediatas que permitan recuperar la normalidad en la frontera y garantizar la seguridad jurídica de las fuerzas actuantes.
