El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de extranjeros con la exclusión de los apátridas
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Real Decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, una medida que, según estimaciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, permitirá normalizar la situación administrativa de unos 500.000 inmigrantes. No obstante, el texto definitivo ha excluido finalmente a las personas con estatuto de apátrida, una decisión que afecta de manera directa a la población de origen saharaui residente en territorio nacional.
La exclusión de este colectivo se produce tras el dictamen emitido por el Consejo de Estado, órgano consultivo presidido por Carmen Calvo. Según el informe, se recomendó no incluir a los solicitantes de apatridia en la misma disposición que al resto de solicitantes de asilo o protección para evitar duplicidades normativas, dado que el ordenamiento jurídico español ya contempla un estatuto específico para estas personas. El borrador inicial del decreto sí contemplaba su inclusión, pero fue modificado antes de su aprobación definitiva por el Ejecutivo.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida calificándola como «uno de los grandes hitos de la legislatura». Respecto a la situación de los saharauis, Saiz ha recordado que España cuenta con un régimen de protección específico para apátridas que garantiza una cobertura diferenciada. Según los datos oficiales, los ciudadanos de la antigua colonia española representaron en 2024 el 71% de las solicitudes de reconocimiento de este estatuto en el país.
La decisión ha generado disparidad de criterios dentro del bloque de investidura y en el propio seno del Gobierno de coalición. Desde Sumar han calificado la exclusión como una «política hecha a medida» y sugieren que la modificación responde a equilibrios diplomáticos en la relación bilateral con Marruecos. Tesh Sidi, diputada de Más Madrid integrada en el grupo plurinacional, ha tildado la medida de «escandalosa» y ha instado al Gobierno a rectificar para no dejar a miles de personas en una situación de vulnerabilidad administrativa.
Por su parte, el Frente Polisario y diversas asociaciones prosaharauis han denunciado lo que consideran un agravio comparativo. Alegan que, al quedar fuera de este proceso de regularización extraordinaria, muchos ciudadanos saharauis permanecen en un «limbo jurídico» que les impide acceder al mercado laboral formal y cotizar a la Seguridad Social, a pesar de los vínculos históricos y administrativos que unen a este colectivo con el Estado español.
La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara ha anunciado que no descarta emprender acciones legales contra el Real Decreto. Argumentan que la exclusión es intencionada y contraviene el espíritu de la norma, que busca reducir la invisibilidad de los residentes extranjeros. Históricamente, el Sáhara Occidental fue la provincia número 53 de España hasta 1975, y sus ciudadanos poseían DNI español y representación en las instituciones del Estado, un vínculo que todavía hoy es objeto de reclamaciones judiciales para la recuperación de la nacionalidad.
En el último año, España registró más de 3.000 solicitudes de apatridia, resolviendo favorablemente la mayoría de los expedientes vinculados a ciudadanos procedentes del Sáhara Occidental. Sin embargo, a diferencia del proceso de asilo, la concesión de la documentación de residencia para apátridas no es automática durante la tramitación del expediente, lo que motiva la demanda de este colectivo de ser incluidos en procesos de regularización extraordinaria como el aprobado esta semana.
