El Gobierno niega un recorte en las ayudas contra la trata y alega una reubicación de fondos para inserción sociolaboral
El Gobierno de España ha desmentido la existencia de un recorte del 35% en las partidas destinadas a la lucha contra la trata y la explotación sexual. En una respuesta parlamentaria dirigida al Grupo Popular, el Ejecutivo ha aclarado que la disminución de siete millones de euros en una convocatoria específica responde a una reubicación de fondos hacia programas de atención integral y de inserción sociolaboral para víctimas de prostitución, manteniendo así el volumen global de la inversión.
Según el documento remitido a las Cortes, la dotación presupuestaria no ha sufrido una merma real, sino que ha sido redirigida para «reforzar el carácter integral de la intervención pública». El Ejecutivo sostiene que esta decisión es coherente con una política abolicionista que identifica la prostitución como una forma de violencia machista, siguiendo las recomendaciones y mandatos de los organismos internacionales en materia de derechos humanos.
Cuestionamiento de la oposición
La aclaración gubernamental se produce tras una batería de preguntas formuladas por el Partido Popular, fundamentadas en los datos del Boletín Oficial del Estado del 19 de mayo. La formación de la oposición denunció que las subvenciones para proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata, así como a sus hijos menores o con discapacidad, habían pasado de un máximo de 20 millones de euros en 2025 a 13 millones en la convocatoria actual.
Los populares interrogaron al Gabinete sobre la coherencia de este ajuste con sus declaraciones de «tolerancia cero» ante la explotación sexual. Asimismo, solicitaron información sobre si esta «reordenación de prioridades» respondía a compromisos políticos adquiridos con sus socios parlamentarios o si se había realizado una evaluación previa sobre el impacto que esta reducción de fondos directos tendría en las entidades sociales que operan en el sector.
Reestructuración del modelo de atención
Frente a las críticas de la oposición, el Gobierno ha insistido en que no se trata de una reducción de la política pública, sino de un cambio de estructura en los fondos. El objetivo, según la respuesta oficial, es potenciar de manera específica la inserción sociolaboral de las personas víctimas de prostitución, un área que el Ejecutivo considera prioritaria dentro de la atención integral.
En el texto remitido al Congreso, el Ejecutivo defiende que este modelo busca garantizar una salida efectiva y autónoma para las mujeres que logran abandonar contextos de explotación. De este modo, la Administración central descarta cualquier rectificación en las cuantías de las próximas convocatorias, al considerar que el nivel de recursos destinados a la violencia contra las mujeres permanece estable bajo la nueva distribución programática.
