El Gobierno resta valor a la petición de diez años de prisión para Begoña Gómez formulada por Manos Limpias

El Ejecutivo central ha restado trascendencia jurídica y política a la solicitud de pena de diez años y tres meses de prisión presentada por el sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde el Palacio de la Moncloa se interpreta esta acción judicial como parte de una estrategia de hostigamiento político, mientras la acusación popular sostiene la existencia de presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

La organización Manos Limpias, que forma parte de la acusación popular en la causa instruida por el magistrado Juan Carlos Peinado, ha formalizado su escrito de conclusiones provisionales tras la decisión del instructor de proponer el juicio oral. En el documento, se solicita una condena privativa de libertad no solo para Gómez, sino también para su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, en el marco de las investigaciones sobre las actividades profesionales de la esposa del jefe del Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales han reaccionado de forma inmediata al escrito, calificándolo como una acción de un «pseudosindicato» con objetivos estrictamente políticos. Según el Ejecutivo, esta petición de cárcel carece de fundamento jurídico y viene a constatar la tesis de Moncloa sobre la existencia de una operación dirigida contra la figura de Pedro Sánchez. Para el Gobierno, el procedimiento judicial se ha convertido en una herramienta de confrontación partidista sin recorrido legal real.

En el plano judicial, el escrito de Manos Limpias detalla que Begoña Gómez se habría prevalecido de su condición institucional para influir en la Universidad Complutense de Madrid. La acusación sostiene que, debido a su vínculo con la Presidencia del Gobierno, se habrían facilitado instrucciones para la creación de una cátedra extraordinaria que posteriormente fue dirigida por ella, proceso que los denunciantes consideran irregular.

Actualmente, Manos Limpias se encuentra integrada en un bloque de acusación popular unificada que está bajo la dirección técnica de la asociación Hazte Oír. Este grupo tiene el encargo de presentar un escrito de acusación conjunto que sintetice las pretensiones de todas las entidades personadas en el proceso, antes de que el juzgado dicte el auto definitivo de apertura de juicio oral.

El caso, que ha generado un intenso debate en el Congreso de los Diputados, continúa su curso procesal a la espera de que se resuelvan los recursos presentados por la defensa de Gómez y de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre el alcance de la investigación dirigida por el juzgado de instrucción número 41 de Madrid.