El Gobierno manifiesta su disconformidad con la suspensión del CERA por parte del Tribunal Supremo
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha expresado este martes el rechazo del Gobierno ante la decisión del Tribunal Supremo de suspender las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de los ciudadanos nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha subrayado que esta medida contraviene tanto los criterios de la administración central como los de la Junta Electoral Central (JEC).
La resolución del alto tribunal establece que las incorporaciones al censo electoral deben quedar en suspenso de forma cautelar. El tribunal exige que las oficinas consulares acrediten formalmente que los solicitantes cumplen con la condición de descendientes de españoles y que sus antepasados sufrieron exilio, requisitos fundamentales para la obtención de la nacionalidad mediante este cauce normativo.
«No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central», ha señalado Saiz tras conocerse el pronunciamiento judicial. La ministra ha comparecido ante los medios para fijar la posición del gabinete, destacando que la discrepancia radica en el procedimiento de validación de los nuevos electores residentes en el extranjero.
La controversia jurídica se origina por la celeridad en la inscripción de los nuevos ciudadanos en las listas electorales. Mientras que el Gobierno y la JEC abogaban por la efectividad del derecho al sufragio de quienes ya han obtenido la nacionalidad, el Tribunal Supremo ha optado por priorizar la verificación documental exhaustiva por parte de los consulados antes de permitir su inclusión definitiva en el CERA.
Este escenario judicial afecta de manera directa a los procesos de nacionalización en curso y a la configuración del censo para futuros comicios. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Política Territorial se mantienen a la espera de un análisis más detallado de la resolución para evaluar los próximos pasos administrativos frente a las exigencias de acreditación impuestas por la justicia.
