El Gobierno de España ha clasificado como «secretos o reservados» los documentos y expedientes técnicos relativos al proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes. Esta decisión, comunicada a través de una respuesta parlamentaria al Partido Popular, se ampara en la normativa vigente sobre Secretos Oficiales para denegar el acceso a informes que la oposición considera fundamentales para evaluar el impacto de la medida.
En el texto remitido a la Cámara Baja, el Ejecutivo argumenta que la información solicitada se encuentra bajo la protección de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales. Asimismo, invoca los Acuerdos del Consejo de Ministros de 1986 y 1994, los cuales otorgan carácter genérico de clasificación a todos los documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de acuerdos o convenios en materias sensibles de seguridad e Interior.
La solicitud de información, impulsada por el Grupo Popular, requería el acceso a informes técnicos, evaluaciones internas y análisis jurídicos sobre la compatibilidad del real decreto con la legislación de extranjería vigente. Entre las peticiones se incluían también las comunicaciones entre los ministerios implicados y las posibles advertencias remitidas por instituciones de la Unión Europea acerca del impacto de esta regularización en el espacio Schengen.
El Partido Popular sostiene en su requerimiento que el Gobierno habría impulsado la medida sin recabar informes previos de las unidades especializadas de la Policía Nacional. Según la formación, órganos como la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) o el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) no habrían sido consultados formalmente durante la elaboración normativa.
Asimismo, la oposición señala la presunta existencia de informes internos de carácter reservado que advertían de riesgos operativos y jurídicos. Estas advertencias se centrarían, según el texto del PP, en el control de los antecedentes penales y en una posible contradicción con el artículo 31.5 de la Ley Orgánica de Extranjería. No obstante, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha negado tener constancia de la existencia de dichos documentos en su departamento.
Por su parte, el Ejecutivo ha limitado su respuesta sobre la tramitación del Real Decreto señalando que el texto se encontraba aún en fase de elaboración administrativa en el momento de la consulta. La negativa a facilitar los datos ha generado críticas en las filas populares, cuya portavoz de Interior, Ana Vázquez, ha denunciado la falta de transparencia sobre los criterios de seguridad y el control de antecedentes aplicados en el proceso.
La clasificación de esta documentación implica que los detalles técnicos de la regularización podrían permanecer fuera del alcance público durante los plazos establecidos por la ley, que en el caso de materias secretas puede extenderse hasta los 25 o 50 años, salvo que se produzca una desclasificación expresa por parte del Consejo de Ministros.
