El Gobierno inicia el traslado de 500 menores desde Ceuta a la península frente a las recomendaciones de la Comisión Europea
El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de un plan de choque para el traslado urgente de 500 menores no acompañados desde la ciudad autónoma de Ceuta hacia el territorio peninsular. La medida, motivada por la saturación de los centros de acogida locales, se produce apenas veinticuatro horas después de que la Comisión Europea avalara el retorno de todos los inmigrantes que accedieron de forma irregular a finales de julio, lo que ha generado un escenario de tensión institucional entre Madrid y Bruselas.
La decisión del Ejecutivo se ampara en el interés superior del menor y en el cumplimiento del decreto de contingencia migratoria, que establece un plazo máximo de 15 días para la reubicación de los menores en situaciones de emergencia. No obstante, este movimiento contradice las declaraciones recientes de los ministros de Interior y Asuntos Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, quienes se habían comprometido ante los socios comunitarios a que ninguna de las personas que entraron irregularmente permanecería de forma indefinida en las ciudades autónomas ni sería trasladada a la península.
Desde Bruselas, el portavoz de Asuntos Internos de la Comisión Europea, Markus Lammert, recordó este martes que el Derecho de la Unión contempla la devolución de los inmigrantes irregulares, siempre que se garanticen las condiciones de seguridad. Lammert instó a España a aprovechar la colaboración de las autoridades de Marruecos para ejecutar los retornos. La normativa comunitaria de 2008 especifica que, antes de proceder a la expulsión de un menor, el Estado debe cerciorarse de que este será entregado a su familia o a servicios de acogida adecuados en su país de origen, condiciones que el Gobierno central considera que no se cumplen actualmente en el país vecino.
El plan integral coordinado con la ciudad autónoma incluye la activación de un real decreto-ley para establecer una acogida vinculante y solidaria por parte de todas las comunidades autónomas. Esta medida busca aliviar la presión asistencial en Ceuta, donde los datos oficiales cifran en 2.168 los menores que permanecen en la zona, aunque organizaciones no gubernamentales elevan esta cifra hasta los 4.000. La situación de vulnerabilidad se ha visto agravada por informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que denuncian un incremento de la inseguridad en los entornos de acogida saturados.
La gestión de esta crisis ha provocado reacciones críticas en el seno de la Unión Europea. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha llegado a sugerir la suspensión de España del espacio Schengen, incrementando los controles fronterizos de forma unilateral. Por su parte, el Gobierno español defiende su política de regularización extraordinaria y los traslados por motivos humanitarios, argumentando que el objetivo es garantizar el acceso a servicios básicos como la sanidad y favorecer la inserción laboral de quienes ya se encuentran en territorio nacional.
En el ámbito jurídico, el artículo 35 de la Ley de Extranjería establece que el Gobierno debe promover la protección y el retorno de los menores no acompañados, previo informe a las comunidades autónomas. Mientras se tramitan los expedientes de expulsión de los adultos, el sistema de protección de menores opera bajo una lógica distinta que prioriza la asistencia social antes de determinar si procede el retorno familiar o la residencia en España. En la ciudad autónoma, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) continúa operando por encima de su capacidad, con miles de personas pernoctando en instalaciones provisionales a la espera de una resolución administrativa.
