La Audiencia Nacional evalúa asumir la investigación del asalto a Ceuta bajo la tesis de una afectación a la seguridad nacional
La investigación judicial sobre los sucesos ocurridos en la frontera de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio ha entrado en una fase determinante. La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, coordina actualmente los trabajos de la Guardia Civil y de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional para reconstruir los hechos. Los informes policiales, que se esperan para antes del mes de septiembre, serán claves para decidir si este órgano judicial asume definitivamente la competencia de la causa al considerar que los episodios trascendieron el ámbito de los desórdenes públicos para afectar a la integridad territorial del Estado.
Fuentes jurídicas vinculadas a la investigación señalan que los cuerpos de seguridad del Estado trabajan con la hipótesis de que el asalto no se limitó a una crisis migratoria ordinaria. El análisis de los hechos se inclina por describir lo sucedido como una incursión en territorio nacional mediante el empleo de una masa humana, que incluyó a personas vulnerables y que derivó en una tragedia con decenas de fallecimientos por ahogamiento. Esta calificación jurídica, que sitúa el evento como una vulneración de la seguridad del Estado y la protección de sus fronteras, es la que motivaría el traslado definitivo de las diligencias a la Audiencia Nacional.
Una vez que los informes policiales sean entregados a la magistrada Tardón, se dará traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la competencia judicial. La resolución de este trámite determinará el alcance de las futuras actuaciones. De consolidarse la competencia en la Audiencia Nacional, la instrucción procederá a esclarecer la cadena de mando y las comunicaciones previas al asalto, analizando qué organismos estaban al tanto de la situación y qué órdenes concretas se trasladaron a los agentes desplegados en el perímetro fronterizo.
La segunda fase de las pesquisas se centrará en determinar si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habían emitido advertencias previas sobre la posibilidad de un movimiento de tales características. La investigación judicial busca establecer si el Gobierno recibió dicha información y qué medidas preventivas o reactivas se adoptaron. Este proceso incluiría la revisión de si los recursos asignados a los agentes fueron suficientes para gestionar una situación que adquirió dimensiones extraordinarias.
Los investigadores han manifestado su intención de agotar todas las líneas de instrucción, incluyendo el análisis de posibles responsabilidades individuales en el ámbito administrativo o político. La investigación no solo se centrará en la ejecución del asalto por parte de los migrantes, sino que la UCRIF tiene el encargo de determinar si existieron estructuras organizadas o actuaciones concertadas que promovieron o facilitaron el movimiento masivo hacia la frontera española.
El trasfondo de estas actuaciones judiciales es la tragedia humanitaria que tuvo lugar durante esas 48 horas, cuando una multitud intentó acceder a Ceuta desde Marruecos, principalmente por vía marítima. El elevado número de víctimas mortales ha sido uno de los factores determinantes para que la magistrada exija una reconstrucción pormenorizada de los hechos, con el objetivo de discernir si hubo una organización deliberada detrás de la llegada masiva y evaluar la suficiencia de la respuesta estatal ante la crisis.
