Alberto González Amador ratifica ante la jueza que remitió a Miguel Ángel Rodríguez la fotografía de los redactores de El País

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha ratificado este martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid que él fue quien envió a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, la fotografía de dos periodistas del diario El País. En su declaración como testigo, González Amador ha identificado al vecino que originalmente tomó la imagen y ha aportado material gráfico adicional al procedimiento que investiga una presunta revelación de secretos.

La comparecencia, que se ha prolongado durante aproximadamente veinte minutos en los juzgados de Plaza de Castilla, ha servido para apuntalar la versión ofrecida previamente por Miguel Ángel Rodríguez. Según fuentes jurídicas, el testigo ha explicado que recibió la fotografía a través de un chat vecinal en el que se comentaba la presencia de informadores en las inmediaciones del domicilio que comparte con la presidenta regional. Tras recibir el archivo, procedió a reenviarlo al jefe de gabinete de Ayuso.

Durante su testifical, González Amador no solo ha identificado al autor de la fotografía, sino que ha hecho entrega de otras imágenes recibidas esa misma jornada. Esta declaración refuerza la línea de defensa de Rodríguez, cuyos representantes legales han sostenido tras la sesión que el testimonio «demuestra la inocencia» del investigado al confirmar que la información no procedía de bases de datos restringidas o de fuentes policiales, sino de una comunicación entre particulares.

La causa penal se originó a raíz de la difusión, el pasado 19 de marzo de 2024, de un mensaje de Miguel Ángel Rodríguez a un chat de periodistas. En dicha comunicación, el jefe de gabinete adjuntaba la fotografía de dos redactores de El País, junto a sus nombres y apellidos, acusándoles de «acosar a los vecinos de la presidenta, incluidos niñas menores de edad». Los periodistas se encontraban en ese momento realizando una investigación periodística sobre la vivienda de la presidenta y las actividades profesionales de su pareja.

Los hechos investigados se enmarcan en un contexto de alta tensión política y judicial, produciéndose apenas unos días después de que la Fiscalía denunciara a González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros. El propio Rodríguez ya había reconocido ante la magistrada que difundió la información, pero negó que constituyera un delito de revelación de secretos, alegando que su intención era alertar sobre lo que calificó como una situación de molestia a los residentes del inmueble.

A su salida de los juzgados, Alberto González Amador ha evitado realizar declaraciones a los medios de comunicación congregados. Además de esta pieza como testigo, la pareja de la presidenta madrileña permanece bajo investigación en otros procedimientos judiciales por presunto fraude fiscal y corrupción en los negocios, causas independientes de la que afecta actualmente al jefe de gabinete del Ejecutivo autonómico.