El Govern y ERC acuerdan una inversión de 527 millones para la Agencia Tributaria de Cataluña hasta 2029
El Gobierno de la Generalitat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han alcanzado un acuerdo para dotar a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) de un presupuesto de 527 millones de euros a través de un nuevo contrato programa que cubrirá el periodo 2026-2029. Esta dotación financiera tiene como objetivo el fortalecimiento de la estructura operativa del organismo y la preparación técnica para una asunción gradual de competencias en la gestión de tributos estatales.
El compromiso económico, alcanzado en el marco de las negociaciones para el desbloqueo de los presupuestos de 2026, contempla que 481,2 millones de euros sean transferidos directamente por el Departamento de Economía. Asimismo, se ha previsto una inyección adicional de 21 millones de euros para el presente ejercicio presupuestario. Esta inversión supone un incremento respecto al proyecto original, que fijaba una partida de 121,8 millones antes de que el Ejecutivo decidiera retirar las cuentas para renegociarlas.
Según los términos del acuerdo, los recursos se destinarán prioritariamente a tres áreas fundamentales: el crecimiento de la plantilla de la ATC, la transformación tecnológica de sus infraestructuras digitales y el incremento de su capacidad operativa en las campañas de la renta. El plan busca dotar al ente de la solvencia técnica necesaria para gestionar una mayor carga administrativa y de inspección en el territorio catalán.
El contrato programa define una hoja de ruta dividida en tres fases para la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En la primera etapa, la ATC se centrará en labores de información y asistencia al ciudadano, inicialmente en colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), para progresivamente asumir estas funciones de forma autónoma.
En una segunda fase, el organismo autonómico adquirirá competencias para dictar actos administrativos y ejercer funciones de gestión, inspección y recaudación en áreas específicas. Esto incluiría la definición de planes de control tributario y el ejercicio de la potestad sancionadora en los procedimientos vinculados a sus nuevas atribuciones.
Finalmente, el acuerdo prevé una tercera fase de gestión integral, donde la ATC asumiría todas las funciones tributarias relacionadas con el IRPF de los contribuyentes residentes en Cataluña. No obstante, el documento no fija fechas concretas para el inicio de estas etapas, supeditando el avance de cada fase a la aprobación de las modificaciones legislativas correspondientes en el ámbito normativo.
Este movimiento institucional se enmarca en la estrategia de la Generalitat para ampliar su capacidad fiscal, si bien el desarrollo técnico de las competencias mencionadas requerirá de la coordinación y los acuerdos necesarios con el marco legislativo estatal vigente.
