La Dirección General de la Guardia Civil proyecta el cierre de cuatro unidades del Seprona en Cataluña
La Dirección General de la Guardia Civil ha iniciado un proceso de reorganización que contempla la supresión de cuatro unidades del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en las provincias de Lérida y Tarragona. Según consta en un documento técnico del departamento que dirige Mercedes González, la medida afectará a los destacamentos de Puigcerdà, Ponts y La Pobla de Segur, en territorio ilerdense, así como a la unidad de Falset, en Tarragona. Esta decisión se suma a la reciente disolución del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) con sede en L’Estartit (Gerona).
Desde el Ministerio del Interior se enmarca esta actuación en un plan de ámbito nacional orientado a la mejora de la adecuación de medios y personal ante la evolución de la problemática medioambiental. El documento oficial esgrime que la reestructuración busca optimizar los recursos disponibles en un contexto de reorganización técnica de las especialidades del Cuerpo en todo el territorio español.
La situación operativa del Seprona en Cataluña atraviesa un momento de complejidad administrativa y de personal. Actualmente, el servicio cuenta con 45 agentes en activo para las cuatro provincias catalanas, mientras que el número de vacantes asciende a 48 puestos sin cubrir (16 en Barcelona, 14 en Lérida, 10 en Tarragona y 8 en Gerona). Esta falta de efectivos, que supone trabajar con menos del 50% de la plantilla teórica, es uno de los factores que precipitan el cierre de las unidades donde no existe presencia física de agentes o donde las vacantes no han sido solicitadas en las últimas convocatorias.
Este movimiento se produce tras el acuerdo alcanzado en la Junta de Seguridad de 2024 entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Dicho pacto establece que la investigación de delitos medioambientales en la comunidad autónoma sea liderada de forma preferente por los Mossos d’Esquadra y el cuerpo de Agentes Rurales. Bajo este nuevo marco competencial, la Guardia Civil mantiene la obligación de informar al cuerpo autonómico sobre cualquier incidencia detectada para que este asuma la titularidad de las actuaciones o se integre en equipos de investigación coordinados.
Las asociaciones profesionales del Instituto Armado, como Jucil y la Unión de Oficiales, han manifestado su oposición a estos cierres y han recurrido ante los tribunales lo que califican como una «transferencia encubierta» de competencias. Las organizaciones demandantes argumentan que la asignación en exclusiva de estas funciones a la policía autonómica podría vulnerar la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, el cual establece en su artículo 144 que las competencias en materia de medio ambiente deben ser compartidas entre el Estado y la Generalitat.
Por otro lado, la inquietud ha llegado también al ámbito municipal. Una decena de alcaldes de diversas localidades catalanas han remitido escritos a la Dirección General de la Guardia Civil expresando su preocupación por la pérdida de presencia del Cuerpo en zonas rurales y fronterizas. Advierten que la supresión de unidades especializadas, especialmente en áreas sensibles a incendios forestales o actividades delictivas en el litoral, podría afectar a los tiempos de respuesta ante emergencias y a la eficacia de la policía judicial en el entorno natural.
Finalmente, el despliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las salas del centro de emergencias CAT-112, acordado entre el Ministerio del Interior y la Generalitat, permanece aún pendiente de completarse. La integración física de los agentes estatales en las sedes de Reus y Barcelona para la gestión coordinada de avisos ciudadanos es un paso que, según fuentes del sector, todavía requiere de la habilitación de los espacios técnicos necesarios por parte de la administración autonómica.
